El homicidio de un estudiante al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM ha sacudido al sistema educativo, pero más aún al tejido institucional que debe garantizar seguridad, prevención y respuesta eficaz. El lunes 22 de septiembre, alrededor del mediodía, un joven de 19 años ingresó al plantel encapuchado y armado con un cuchillo, atacó a un compañero de 16 años llamado Jesús Israel, provocándole múltiples heridas —incluyendo en el cuello— que resultaron fatales en el estacionamiento del campus. En su huida, también lesionó a un trabajador del CCH que trató de intervenir. Al verse acorralado, el agresor se lanzó desde uno de los edificios, fracturándose ambas piernas, y fue hospitalizado bajo custodia policial.
La respuesta institucional ha sido rápida pero insuficiente para disipar cuestionamientos. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta por homicidio calificado y lesiones dolosas; la UNAM aplicó su protocolo de prevención de violencia interna y colaboró con la entrega del agresor a las autoridades correspondientes. No obstante, el hecho de que el atacante formara parte de la comunidad universitaria deja en evidencia que los filtros de acceso al campus —incluyendo revisiones de identificación, control de entrada y rutas de vigilancia— no resultaron disuasivos. El CCH, como espacio autónomo, recae en una responsabilidad compartida entre la universidad y las autoridades policiales locales para procurar entornos seguros.
Uno de los elementos más inquietantes del caso es que la agresión no cayó del cielo. Horas antes del ataque, el presunto agresor compartió en redes sociales imágenes de armas —guadañas, cuchillos, spray de gas— y mensajes con tono de resentimiento: “La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, escribió en uno de ellos. Estos contenidos, sumados al uso de iconografía sombría y vestimenta similar a la empleada en el momento del ataque, sugieren una preparación mental y simbólica que no fue detectada con antelación. Más aún: la madre del joven denunció mediante llamada al 911 esa misma mañana que su hijo salió de casa con un arma, advirtiendo que podría autolesionarse o atacar a otros. Esa alerta quedó registrada en la carpeta de investigación.
El contraste entre una señal de riesgo documentada y el fracaso para anticiparla o prevenirla remite a la fragilidad del sistema de salud mental escolar, medios de canalización efectiva de amenazas y mecanismos de intervención temprana. Ni la comunidad educativa, ni las instancias de seguridad, ni los servicios de auxilio social actuaron, aparentemente, con capacidad suficiente para traducir alerta en contención.
A nivel político, el episodio revela dualidades corrosivas: por un lado, la exigencia ciudadana de que las instituciones dejen de ser reactiva y actúen con proactividad; por otro, la tentación de respuestas espectaculares, mediáticas, que pongan el foco en culpables individuales sin revisar memoria institucional ni reformas estructurales. En este contexto, el caso del CCH Sur debe forzar a las autoridades educativas y de seguridad a reformular su política de riesgo en espacios de formación: aplicar protocolos de monitoreo más eficaces, capacitar al personal para detección temprana de conductas agresivas y coordinar de forma realista con instancias municipales y estatales.
El asesinato en el CCH no es un hecho aislado, sino un síntoma: cuando las alarmas no se atienden, los espacios destinados al conocimiento pueden tornarse teatro de la violencia. La lección que resta pendiente es si México optará por el luto silencioso o si convertirá esta tragedia en palanca para exigir que ningún estudiante vuelva a morir en su escuela.
Si quieres, puedo sugerirte cómo acompañar este artículo con datos estadísticos sobre violencia en escuelas o líneas de acción política recomendables.
