Los hospitales, espacios concebidos como refugios de salud y auxilio, se han convertido en escenarios de terror en Sinaloa. En lo que va de los últimos meses, Culiacán ha sido testigo de al menos seis ataques armados documentados en clínicas y nosocomios públicos y privados, con sucesos que han dejado muertos, heridos y un clima de temor entre pacientes, familiares y personal sanitario. La Secretaría de Salud estatal admite que cinco de estos ataques ocurrieron dentro de los inmuebles hospitalarios y uno en sus exteriores.
El episodio más brutal ocurrió a finales de agosto, cuando pistoleros dispararon contra la zona de urgencias del Hospital Civil, provocando tres muertes inmediatas y varios heridos. Esa agresión fue acompañada por otros eventos violentos: una ejecución dentro de una clínica privada y un ingreso encubierto con uniforme de enfermería al Hospital General para rematar a un paciente. Estos hechos representan una ruptura con lo que solía ser una “zona neutra” frente al crimen organizado, y reflejan que el conflicto entre facciones dentro del cártel de Sinaloa ha penetrado incluso los espacios más sensibles de la vida comunitaria.
No es solo una ráfaga de disparos: los hospitales han adoptado medidas extraordinarias para mitigar riesgos. Se ha cerrado el acceso a los inmuebles después de las 21:00 horas, se ha reforzado la credencialización del personal, se han activado protocolos de emergencia que impiden que ambulancias respondan durante enfrentamientos activos y se exige que los heridos ingresen bajo resguardo policial. Pero estas acciones operan como parches en un tejido institucional que ya está desgarrado.
La tendencia de ataques hospitalarios no nació de la nada. Culiacán es el foco central de una fricción interna dentro del cártel de Sinaloa: las divisiones entre los “chapitos” y los seguidores del “Mayo” han convertido a la capital en un escenario de disputa territorial abierta. Ante esta pugna, las clínicas y hospitales dejan de ser zonas de servicio público y se transforman en escenarios donde se proyecta poder, impunidad y miedo.
Los efectos colaterales son enormes. Las víctimas mortales y lesionados directos son apenas la parte visible. El resto es invisible pero profundo: desde el colapso psicológico entre quienes requieren atención médica hasta la desconfianza en el Estado como garante de seguridad. Los trabajadores de la salud también sienten la presión: han denunciado vulnerabilidad constante en turnos nocturnos, temor por su integridad física y falta de mecanismos para responder ante agresiones inminentes.
Política y seguridad convergen en este punto. La presencia territorial del crimen en hospitales revela fallas estructurales del Estado: la incapacidad para garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, la debilidad operativa de las policías estatales y municipales, y la dependencia de estrategias de control reactivo más que preventivo. En paralelo, la salud pública queda en riesgo: zonas asediadas podrían amedrentar el traslado de enfermos graves, impedir la atención o elevar la mortandad ante demora de servicios básicos.
Si algo queda claro es que la salud no puede protegerse aisladamente de la violencia. Para repensar la seguridad en Sinaloa, los hospitales deben dejar de ser islas vulnerables y convertirse en nodos estratégicos dentro de una política estatal integral: vigilancia colaborativa, inversión en protección perimetral, protocolos confiables de coordinación entre seguridad y salud, mecanismos de inteligencia local y, fundamentalmente, una voluntad política que entienda que cuando un hospital arde, también arde la legitimidad gubernamental.
La violencia en hospitales no es un síntoma menor ni un episodio aislado: es la expresión más brutal del desmoronamiento del pacto social. Si los lugares donde habitualmente se cura la herida pueden ser objetivo del homicidio, la gobernabilidad está herida de muerte.
