Han transcurrido once años desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron, y el reclamo —“nos faltan 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos”— sigue resonando como un grito de insatisfacción y desesperanza cocida en la memoria social. La sensación colectiva es que ese crimen emblemático no sólo permanece sin esclarecerse del todo, sino que se ha convertido en símbolo de una falla estructural persistente: que en México la verdad y la justicia aun son privilegios elusivos.
Es urgente recordar que el caso de los 43 no es un episodio aislado: está inscrito en una crisis nacional de desapariciones que ha crecido sin contención. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó más de 128 000 casos hasta mayo de 2025, lo que sugiere un aumento de casi 28 % en apenas tres años. En 2024 se registraron más de 13 000 desapariciones, con un crecimiento interanual del 6.3 %. Este fenómeno se concentra en unas pocas entidades, pues Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León reúnen cerca del 44 % del total. Estas cifras indican que el caso Ayotzinapa no es extraordinario, sino paradigmático: se inserta en un patrón donde la nulidad de sanciones se vuelve condición estructural.
El antropólogo Claudio Lomnitz ha advertido que la mayoría de las desapariciones en México deben concebirse como desapariciones forzadas, en las cuales la responsabilidad estatal —ya sea por acción, omisión o connivencia— no puede diluirse. Bajo ese enfoque, las desapariciones no son fenómenos ocasionales, sino manifestaciones sistémicas del malfuncionamiento del contrato social. Esa tesis encuentra respaldo cuando se analizan los casos recientes: en el rancho Izaguirre, en Jalisco, se han detectado indicios de enterramientos clandestinos, cremaciones e instalaciones que funcionarían como centros de represión mutilados, señal de que no sólo los grupos criminales actúan con autonomía, sino con permisos invisibles de impunidad institucional.
La confluencia entre crimen organizado y sectores estatales —o al menos la incapacidad del Estado para desmantelar esa simbiosis— es uno de los ejes invisibles de la crisis de desapariciones. En múltiples casos, las familias de víctimas denuncian que las investigaciones se detienen, los expedientes se extravían o las denuncias no prosperan: la justicia no actúa como estructura de reparación, sino como instrumento de peticiones estériles. En el caso Ayotzinapa, por ejemplo, los padres siguen solicitando documentos militares clave —que podrían arrojar luz decisiva— pero diversos cuerpos del gobierno han rechazado entregar esa información, escudándose en reservas vinculadas a la seguridad nacional o al secreto militar.
Es, además, un problema de legitimidad política. Cada aniversario convoca marchas que atraviesan Paseo de la Reforma, el Zócalo, la Alameda, con miles de voces reclamando “verdad y justicia”. Sin embargo, el ritual anual se ha convertido en un reproche simbólico que evidencia la incapacidad del Estado para transformar la memoria en acción, el dolor en políticas efectivas. Esa frustración se exacerba cuando, en otros casos, desaparecen hermanos, niños, adolescentes; recientemente, cuatro menores fueron localizados tras su desaparición cerca de Acapulco, y otros casos mediáticos —como los músicos B-King y Regio Clown— han terminado en muerte, alimentando la percepción de que desaparecer puede equivaler a condenar.
Desde el plano institucional, existen propuestas parciales: recientemente el gobierno propuso incorporar huellas dactilares y foto a la CURP, eliminar la espera de 72 horas para abrir investigaciones y vincular registros forenses con plataformas nacionales en tiempo real. Sin embargo, esos avances muestran lo que aún falta: voluntad política transformadora, financiamiento real, profesionalización de las fiscalías, protección efectiva para quienes investigan y garantías de que estas reformas no queden en papel mojado.
El caso Ayotzinapa debe entenderse como una herida que no cicatriza porque las causas que la generaron no han sido extirpadas: el Estado fallido, la inacción transparente, la colusión tácita con estructuras criminales, la impunidad estructural. No es suficiente con recordar cada año: es imprescindible que ese recuerdo se traduzca en reformas institucionales profundas, en rendición de cuentas reales, en justicia con retribución tangible. Mientras eso no ocurra, la frase “11 años y no tenemos nada” seguirá siendo no sólo un epitafio simbólico, sino la denuncia persistente de un país que no puede asumir del todo su dolor ni responder con su fuerza moral.
