El reciente episodio bautizado como “Redención Exprés” acerca a La Luz del Mundo de una polémica política e institucional compleja que pone en tensión los límites entre el poder religioso, la rendición de cuentas y el Estado laico. No es solo un escándalo más de abusos y denuncias: es un momento en el que el sistema jurídico mexicano es puesto ante su propia prueba de credibilidad.
La historia oficial de la iglesia ya carga con señales inquietantes. Su líder supremo, Naasón Joaquín García, fue condenado en California en 2022 por abuso sexual infantil tras admitir su culpabilidad en varios cargos; su sentencia fue de 16 años y ocho meses en prisión. Desde el encierro, ha mantenido el control de la organización, mientras en Estados Unidos se le han presentado nuevas acusaciones por crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil y lavado de dinero. Las autoridades del distrito sur de Nueva York sostienen que él y otros involucrados operaron “una empresa criminal” que explotó a miembros de la iglesia durante décadas, valiéndose de su influencia religiosa para silenciar víctimas y justificar el abuso.
El episodio “Redención Exprés” sugiere un intento de operar concesiones legales o trámites exprés para la iglesia —o para sus miembros— que en condiciones ordinarias abrirían filtros legales normales. Si así fuese, significaría una connivencia entre poderes públicos y organización religiosa para obviar controles, privilegios disfrazados de procedimientos normales. Recordemos que la Constitución mexicana prohíbe los privilegios por razón de culto: todos los ciudadanos están sujetos a la ley, sin excepciones. Pero cuando el peso mediático y el arraigo institucional de un culto se combinan con agentes públicos dispuestos a actuar de modo más favorable, la frontera entre excepción y colusión se torna borrosa.
La reciente revelación de una guardia interna —denominada Jahzer— que habría operado campos de adiestramiento táctico en terrenos de Michoacán, deteniendo a 38 hombres —algunos de ellos con equipo táctico y réplicas de armas—, aporta una arista más sombría. En ese operativo, las personas afirmaron que estaban protegiendo a líderes de la iglesia, no actuando como criminales externos. Si un ente religioso arma y entrena una milicia propia esboza una estructura paralela de seguridad, fuera del escrutinio institucional, y obliga al Estado a responder: si se tolera esa militarización privada, se socava la autoridad pública.
Frente a ese escenario, el poder Ejecutivo ha reaccionado con prudencia con presión. La presidencia anunció que revisará el estatus legal de La Luz del Mundo como iglesia reconocida oficialmente. Un reconocimiento así implica prerrogativas que deben ser monitoreadas con mayor rigor. Si ese estatus empieza a evaluarse bajo criterios teleológicos —éticos, jurídicos, sociales— se podría abrir un debate más profundo sobre el financiamiento de cultos, su transparencia patrimonial y su rendición de cuentas frente al Estado.
Pero no todo es institucionalismo heroico: existe también el riesgo de que esta crisis se politice de modo destructivo. En el pasado, la iglesia ha sido objeto de aprecio y alianzas con el poder político local y nacional. Algunos personajes vinculados con ella han buscado cargos públicos o consumo simbólico a través de favores y redes sociales. La tensión entre la moral pública y el cálculo electoral podría inclinar la balanza hacia el encubrimiento silencioso o hacia imposiciones de control excesivo que desemboquen en violaciones de libertad religiosa.
“Redención Exprés” no es un conflicto religioso más: es una prueba simbólica de cuán permeable es el poder cuando se mezcla con la fe colectiva. Si el Estado permite que una institución con estas acusaciones y antecedentes opere como si estuviera por encima o al margen de los controles republicanos, está cediendo su rol de árbitro protector. Si actúa de modo reactivo o simbólico, sin investigación profunda, solo enriquecerá la impunidad estructural. Lo que está en juego es enorme: el prestigio del sistema jurídico, la igualdad de todos ante la ley y la fortaleza del pacto laico que debe garantizar que, sin importar su convicción espiritual, nadie pueda reclamar redención exprés ante delitos o abusos cuando la dignidad de las víctimas exige justicia integral.
