José Guadalupe Robledo Guerrero.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nació a la mitad del sexenio presidencial de Manuel Ávila Camacho, el 19 de enero de 1943, y su creación fue todo un acontecimiento, pues su estructura fue ideada para darle seguridad social, asistencia médica y bienestar a los trabajadores mexicanos y a sus familias. También es cierto, que el IMSS empezó su vida privilegiando los sueldos y prestaciones de su personal laboral, de allí que muchos mexicanos tenían como ideal trabajar en ese instituto que daba servicio a millones de mexicanos y se sostenía con las cuotas tripartitas que daban los trabajadores, los empresarios y el gobierno, como hasta ahora se hace.
Sin embargo, hace alrededor de 35 años los empresarios y los sindicatos de trabajadores, permitieron que poco a poco el gobierno se fuera desentendiendo del IMSS, y a la falta de presupuesto suficiente fueron semiprivatizando algunos servicios mediante las subrogaciones, tal es el caso de laboratorios y exámenes de alta tecnología y especialidad. Hoy, a 82 años de su existencia, el IMSS no cuenta con medicamentos, insumos, equipo y médicos suficientes para dar un servicio integral de salud.
Los responsables de su gran deterioro son los gobiernos del PRI y del PAN, pero el sexenio que le dio el tiro de gracia al IMSS fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó sin medicamentos, vacunas y tratamientos ontológicos a la estructura médica. Los recortes de AMLO a los servicios de salud fueron a cambio de pensiones, con la única motivación de comprar votos para mantenerse en el poder. Y en esas seguimos con la presidenta-gerente Claudia Sheinbaum. En esas condiciones, el IMSS presume que da servicios de salud a más de 70 millones de mexicanos, de los cuales 23 millones son trabajadores formales, empleados y operarios inscritos en el Seguro Social.
Cualquiera que desee percatarse de hasta dónde ha llegado la semiprivatización planeada desde el gobierno, basta con darse cuenta del número de nuevas clínicas y hospitales privados que han aparecido en nuestra ciudad, igual que en el resto del país. Lo mismo sucede con las empresas de análisis clínicos y exámenes médicos que han proliferado en el área citadina, y hay que agregar la cantidad de médicos especialistas que dan consulta privada a quienes sufren una enfermedad, porque el IMSS ya no puede dar un servicio eficiente y suficiente a los derechohabientes. Todos estos nuevos negocios de la salud no están reglamentados y cada uno cobra según sus elevadas tarifas.
Con la educación pública sucedió lo mismo, el gobierno fue desatendiendo su responsabilidad de darle educación gratuita y de calidad a la población. Hoy los padres de familia, además de pagar cuota para la inscripción, también tiene que contribuir para el aseo y reparaciones de las escuelas, y el gobierno cobra impuestos para la educación en diversos trámites, tal es el caso del control vehicular en donde se agrega el fomento a la educación y la seguridad a cada propietario de un vehículo.
La educación ya no es gratuita, y desde hace décadas dejó de ser de calidad, por eso vemos la proliferación de universidades, escuelas, institutos educativos de índole privada, muchos de ellos “patito”, pero otras tantas con una calidad superior a la de la educación pública, por esa razón los padres de familia se sacrifican para enviar a sus hijos a los institutos educativos privados.
Frente a esta deplorable realidad, los políticos y gobernantes se hacen de la vista gorda, y prefieren voltear al otro lado, para no ver que la educación pública no cumple con su cometido, a pesar de que la educación es fundamental para elevar la condición de vida de los mexicanos. Luego de la revolución mexicana, sus hombres más letrados quisieron que la educación pública fuera el elemento principal en el desarrollo y crecimiento de México, basados en el progreso y bienestar de la población. Incluso, el cine y la cultura de aquel entonces, insistía en la educación del pueblo mexicano para que dejara de ser explotado y abusado. Pero eso ya se ha olvidado, hoy el gobierno obradorista ha privilegiado las pensiones sin ninguna reglamentación ni parámetros, y ha dejado a la educación pública en el olvido y la desatención, lo cual desde ahora se están viendo sus secuelas: somos un pueblo ignorante, resentido, polarizado y sin un futuro digno.
Política aldeana
La Marina de México por años fue considerada como una institución leal, patriótica y al servicio de la nación, y siempre tuvo el respeto del pueblo mexicano. Hace años, se decía que su relación institucional con la marina estadounidense le daba confiabilidad, pero con el narco y corrupto gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese prestigio fue manchado por su involucramiento en el huachicol fiscal, que fue planeado y operado por altos mandos de la secretaría de Marina, concretamente por los sobrinos del que fuera secretario de Marina con AMLO, Rafael Ojeda.
Hoy la Marina tendrá que recobrar su prestigio, llevando a la cárcel a los mandos responsables de su deterioro institucional, donde el ex secretario de Marina y el ex presidente López Obrador deben ser investigados, para saber hasta donde llega su responsabilidad en el ilícito, pues nadie cree que no tuvieron conocimiento del tráfico de huachicol fiscal, que según se sabe tuvo un perjuicio fiscal para México de medio billón de pesos, contrabandeando millones de litros de combustibles, y hasta donde se tiene conocimiento fueron cientos de carros tanque y decenas de buques que ingresaron a México sin pagar impuestos. A poco nadie se dio cuenta.
Pero aún con tantas evidencias, la presidenta-gerente Claudia Sheinbaum insiste en defender a los funcionarios obradoristas, con el argumento pueril de que “no somos iguales”, aunque a decir verdad son los mismos que antes militaban en el Prian, en el PRD y en el Partido Comunista Mexicano, aliados con otros semejantes: el PT, el PVEM y la Iglesia “La luz del Mundo”.
Preguntas huérfanas
¿Qué ha hecho la Fiscal Anticorrupción de Coahuila, Karla Samperio Flores, para investigar y denunciar a tanto funcionario corrupto que pulula por las instituciones coahuilenses?
¿Será verdad que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es el precandidato gubernamental para el 2030?
