La idea de suprimir el fuero en México no es nueva, pero ha cobrado renovada vigencia en el debate político nacional. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que incorporaría la eliminación del fuero a diputados y senadores en la reforma electoral que propondrá al Congreso, con el argumento de que se trata de un “privilegio del pasado” que ha servido como escudo para la impunidad.
Desde una perspectiva histórica, el fuero fue concebido para proteger la independencia legislativa, garantizando que quienes ostentan cargos públicos pudieran expresarse sin temor a represalias judiciales o políticas. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa protección se ha interpretado muchas veces como inmunidad real, permitiendo que figuras públicas evadan procesos en casos de corrupción, desvío de recursos o delitos comunes, al menos hasta que el órgano legislativo decida retirarla (el llamado juicio de procedencia o desafuero).
Quienes impulsan su eliminación destacan que en los últimos años varios políticos acusados han logrado sortear sanciones o demoras precisamente por apoyarse en esta figura. La crítica central es que el fuero fortalece una cultura de impunidad y desigualdad jurídica: quienes ostentan poder quedan al margen de la justicia ordinaria mientras la ciudadanía común no goza de ese blindaje.
Pero la propuesta también enfrenta resistencias válidas. En el debate público se advierte que suprimir por completo el fuero podría debilitar la labor legislativa si los representantes temen acciones judiciales motivadas por intereses políticos. También se señala que otros mecanismos institucionales débiles, como la falta de autonomía real de las fiscalías, la precariedad de los órganos de transparencia y un sistema judicial saturado, hacen que eliminar el fuero sea solo un paso simbólico si no se refuerzan verdaderamente los sistemas de rendición de cuentas.
Este momento político ofrece una ventana de oportunidad: con mayoría legislativa, Morena podría empujar la reforma. Pero el éxito depende de que la propuesta no se quede en una medida cosmética, sino que venga acompañada de fortalecimientos institucionales: fiscalías autónomas, órganos anticorrupción con capacidad real de sanción, jueces independientes y un sistema de justicia que castigue sin distinción.
De lo contrario, la eliminación del fuero podría transformarse en un cambio de nombre sin un cambio de fondo. En un país donde la impunidad sigue siendo uno de los males más persistentes, el debate no puede limitarse a suprimir privilegios legales, sino a reconstruir las estructuras que permitan que cualquier funcionario, sin importar su rango, esté sujeto al imperio de la ley.
