Las recientes propuestas de aumentar impuestos al tabaco han desatado alertas serias entre industriales, expertos y organismos ciudadanos que advierten que tales decisiones podrían alimentar el crecimiento del mercado ilícito. Según datos del IPN, ya cerca del 28 % del consumo de cigarrillos en México corresponde a productos ilegales, lo que representa pérdidas fiscales superiores a 26 mil millones de pesos. Esta realidad sugiere que gravar aún más estos productos sin mecanismos de control adecuados puede empujar a consumidores hacia la informalidad, no reducir el consumo.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) sostiene que un alza abrupta del IEPS a los cigarros no solo no impulsará la salud pública, sino que aumentará el contrabando y la evasión fiscal, debilitando la recaudación. Advierten además que este fenómeno ya está en marcha: los productores legales enfrentan competencia desleal de versiones más baratas que no cumplen con estándares ni pagan impuestos.
Desde la industria tabacalera se advierte que esta dinámica tiene costos severos: empleo en las cadenas productivas, inversión regional, estabilidad económica local y competitividad podrían verse comprometidos. Se plantea que es urgente diseñar una reforma fiscal equilibrada, donde los impuestos combinen objetivos recaudatorios con mecanismos de vigilancia, sanción efectiva e incentivos para que la operación formal siga siendo viable.
En síntesis, la pregunta que atraviesa este debate no es si los impuestos deben elevarse, sino cómo hacerlo sin fortalecer una economía paralela que erosione tanto los ingresos del Estado como la equidad del mercado. Si no se abordan simultáneamente los vacíos regulatorios y las condiciones estructurales del comercio ilícito, el mercado negro puede convertirse en la contraparte inevitable de cualquier reforma tributaria mal calibrada.
con información de: EFE
