En el discurso público actual, con frecuencia se exhibe una supuesta disminución de la violencia y el delito en México. Sin embargo, numerosos análisis independientes sugieren que estas cifras muchas veces están sujetas a distorsiones con fines propagandísticos, lo cual debilita el diseño de políticas públicas reales y socava la confianza ciudadana en las instituciones.
La organización Causa en Común ha alertado que la manipulación de estadísticas con propósitos políticos convierte a los registros oficiales en instrumentos de simulación más que en herramientas objetivas para diagnosticar problemáticas sociales. Esta práctica implica modificar criterios de contabilización, promover variaciones en los métodos de clasificación de delitos, y subestimar eventos que no benefician narrativas oficiales. En ese sentido, para Causa en Común, una “falsa disminución” puede esconder no solo omisiones, sino una estrategia para moldear la percepción pública.
Uno de los elementos centrales de esa distorsión es la llamada “cifra negra”: se estima que más del 90 % de los delitos no llegan a denunciase formalmente. Esta ausencia de denuncia constituye una primera capa de opacidad estructural. Al compararse los datos oficiales con informes ciudadanos y estudios independientes, se observan discrepancias que no pueden explicarse únicamente por diferencias metodológicas. Por ejemplo, cuando el número de reportes baja justo en momentos sensibles políticamente, la sospecha sobre manipulación adquiere peso.
Aunado a ello, la forma en que las autoridades clasifican los delitos puede cambiar arbitrariamente de una administración a otra. Homicidios pueden reclasificarse como muertes dolosas de dudosa tipificación, desapariciones forzadas pueden integrarse en categorías menos polémicas, o quienes mueren en circunstancias irregulares pueden omitirse de los conteos oficiales. En casos extremos documentados por periodistas, como en Jalisco o Tamaulipas, se ha cuestionado que cuerpos desaparecidos o incinerados en hornos clandestinos no aparezcan en los balances públicos.
Este tipo de manipulación no es un fenómeno aislado de México. En varios países de América Latina, los gobiernos han utilizado estadísticas oficiales como un arma en la guerra política de narrativas. La desinformación y la propaganda numérica son componentes de una estrategia de control simbólico del conflicto social. En ese contexto, el control de los hechos mediante cifras se complementa con campañas digitales de distracción o polarización.
Un estudio reciente sobre manipulación estatal y movilización masiva reveló que las estrategias informativas manipuladas —especialmente en redes sociales— pueden surtir efecto a corto plazo, pero con el tiempo tienden a estimular la movilización ciudadana como contrapeso simbólico. En otras palabras: los intentos de controlar la percepción pueden alimentar reacciones públicas de rechazo.
La relación entre miedo al delito, opinión pública y demanda de políticas de seguridad también ha sido objeto de investigaciones en la región. En contextos en los que se percibe elevado riesgo, la población tiende a respaldar medidas represivas o de mano dura, incluso con costos en derechos. Esta dinámica puede incentivar a los gobiernos que manipulan estadísticas a presentar una “victoria” simbólica para justificar intervenciones cada vez más invasivas en nombre del orden.
Más allá de la manipulación directa, un elemento crucial es la falta de transparencia institucional. Aunque los datos abiertos de incidencia delictiva están disponibles en plataformas oficiales, la interpretación técnica de esos datos —sin un acompañamiento ciudadano o académico— deja espacio para que el mensaje dominante sea el que convenga al poder. Si los análisis críticos no son promovidos ni escuchados, la narrativa oficial prevalece.
Aceptar cifras maquilladas como auténticas tiene efectos políticos graves: legitima a gobiernos complacientes con la impunidad, erosionan la rendición de cuentas, y mina la legitimidad democrática. Los ciudadanos merecen contar con estadísticas confiables, desagregadas y verificables que permitan no solo fiscalizar al poder sino construir diagnósticos certeros de seguridad.
Frente a esa realidad, varias líneas de acción se vuelven prioritarias: promover auditorías independientes de los sistemas estadísticos delictivos, fortalecer organismos ciudadanos y académicos que monitoreen la incidencia delictiva, impulsar mecanismos de denuncia accesibles y protegidos, y fomentar la educación mediática para que la población sepa cuestionar cifras oficiales. Solo así podrá romperse el círculo de simulación y control basado en narrativas, y se podrá aspirar a una política de seguridad fundada en la evidencia y la transparencia.
