El saldo de la tragedia por las intensas lluvias en el país se incrementó nuevamente: autoridades federales confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 66 personas, mientras al menos 75 continúan desaparecidas. La actualización proviene de la Presidencia, tras el hallazgo de nuevas víctimas en Hidalgo, entidad en la que se reportó recientemente un deceso adicional que elevó el conteo. Las lluvias extraordinarias —alimentadas por los remanentes del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond— han desatado inundaciones, deslaves e interrupciones masivas de servicios en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.
Veracruz emerge como uno de los estados más golpeados, con decenas de municipios afectados y comunidades aisladas sin acceso a electricidad ni vías de comunicación. Hidalgo, por su parte, mantiene un alto número de localidades incomunicadas, sumando más de cien comunidades sin vía de acceso, según los datos recientes. Se han reportado daños severos a viviendas, carreteras colapsadas, ríos desbordados y terreno saturado que agrava la inseguridad territorial.
Frente a esta emergencia, el gobierno federal ha desplegado operativos con apoyo militar, Marina y elementos de Protección Civil, al mismo tiempo que anunció la creación de un micrositio oficial para hacer público el recuento actualizado de muertos, desaparecidos y localidades prioritarias. No obstante, la respuesta enfrenta críticas por su lentitud y por la insuficiente coordinación entre órdenes de gobierno. En Veracruz, por ejemplo, se cuestionó la demora en emitir alertas y ordenar evacuaciones: en Poza Rica, la convocatoria a refugios se emitió siete horas después de que Conagua alertara del riesgo del río Cazones.
Más allá del desastre natural inmediato, esta crisis expone deficiencias estructurales en los sistemas de prevención y gestión del riesgo: la erosión de fondos para desastres, la falta de mantenimiento de infraestructura hidráulica, la carencia de sistemas de alerta eficaz y la ausencia de programas de reubicación en zonas de alto peligro. Si cada temporada de lluvias termina con decenas de vidas perdidas, ¿cuándo se renovará seriamente el enfoque de resiliencia y responsabilidad institucional?
La elevación a 66 víctimas mortales no debe considerarse un dato aislado, sino un llamado urgente a la rendición de cuentas. La población exige respuestas claras: ¿cuántos recursos se movilizarán? ¿qué mecanismos de reconstrucción se aplicarán? ¿cómo se garantizará que los daños no se repitan de forma recurrente? Las siguientes etapas serán clave no solo para salvar vidas, sino también para reconstruir legitimidad y confianza ante la devastación.
