El balance humano de las fuertes precipitaciones que azotaron recientemente a Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro alcanzó una cifra escalofriante: 70 personas fallecidas y 72 desaparecidos, según el reporte oficial de la Presidencia de la República. Las entidades más golpeadas fueron Veracruz (30 muertos), Hidalgo (21), Puebla (18) y Querétaro (1). Mientras tanto, las labores de rescate y auxilio intentan cubrir territorios que aún permanecen incomunicados.
Este desastre no es solo una tragedia ambiental; es, antes que nada, un fallo político en cadena. Primero, en el fallo del sistema de alertas: en Veracruz, por ejemplo, la autoridad local ordenó acudir a refugios siete horas después de emitidas las alertas de Conagua. Esa demora fatal explica en parte por qué muchas víctimas quedaron atrapadas. Segundo, en la infraestructura deficiente. Caminos, puentes y redes eléctricas no resistieron lo que deberían haber sido lluvias extremas predecibles: el gobierno reporta que el servicio energético se ha reestablecido en un 93 % pero casi 20 mil usuarios en Veracruz aún carecen de él, y miles de escuelas sufren afectaciones que impiden la entrada de alumnos.
El enfoque de reconstrucción tampoco se libra de cuestionamientos: estudios climatológicos indican que eventos extremos como estos serán cada vez más frecuentes. El reto no es reparar lo que quedó destruido, sino transformar la infraestructura y los sistemas preventivos para que la emergencia no sea la regla. El afecto inmediato exige recursos, pero la transformación duradera exige políticas que tomen en cuenta cuencas, topografía, cambio climático y presupuesto ordenado.
Finalmente, este episodio pone a prueba la rendición de cuentas institucional. Autoridades federales y estatales deben responder no solo con cifras y promesas, sino con auditorías claras, avances verificables y sanciones reales ante las negligencias detectadas. Sin vigilancia ciudadana, estos 70 muertos podrían quedar en una cifra tristemente más en el expediente del abandono.
