Las recientes lluvias e inundaciones han dejado un saldo devastador: hoy al menos 160 localidades siguen incomunicadas en diferentes estados del centro de México. Aunque el gobierno afirma haber reducido la cifra desde las 191 localidades aisladas en solo un día, el avance en la conexión terrestre se ve lastrado por obstáculos estructurales, decisiones políticas dilatorias y una emergencia que exhibe fallas profundas en la gestión del territorio.
El secretario de Infraestructura y Transporte reporta que 108 municipios aún sufren afectaciones, de los cuales 69 han sido catalogados como prioritarios. Se han desplegado cientos de trabajadores, maquinaria pesada y brigadas militares para abrir carreteras federales, estatales y municipales, siguiendo un criterio escalonado de atención. Los puentes colapsados, se dice, serán reemplazados con soluciones provisionales mientras se diseñan obras definitivas “capaces de resistir lluvias con periodos de retorno de hasta mil años”. En el frente eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad señala que el 93 % del servicio ha sido restablecido, aunque cerca de 19,700 hogares siguen sin energía, principalmente en zonas de acceso complicado.
No obstante, los informes oficiales quedan cortos ante la magnitud del desastre. En Hidalgo, el estado más afectado hasta ahora, se mantienen decenas de comunidades incomunicadas y hospitales del magisterio con carencias crónicas. Veracruz, Puebla y Querétaro experimentan rutas obstruidas, desprendimientos pendientes y despliegues de emergencia por vía aérea. En estos territorios, el restablecimiento depende no solo de herramientas y hombres, sino de la capacidad de coordinación entre niveles de gobierno y de políticas preventivas que han sido ignotas hasta hoy.
La tragedia se agrava por el costo humano: hasta ahora se han reportado entre 64 y 72 personas muertas según distintos cortes informativos. En muchos casos, los ciudadanos quedaron atrapados por el agua, deslaves o carreteras reventadas, mientras los locales y los gobiernos estatales tropiezan en la respuesta. En algunas zonas, autoridades emitieron alertas con horarios tardíos, como en Poza Rica, donde la orden de acudir a refugios llegó siete horas después del aviso climático.
¿Qué revela esta crisis más allá de los números? Que el discurso del “México resiliente” choca con una realidad de abandono: estructuras de comunicación frágiles, sistemas de alerta tardíos y autoridades locales que no actuaron a tiempo. Que las promesas de infraestructura resistente se quedan en vitrinas de discurso si no van acompañadas de inversiones concretas y supervisión efectiva. Y que el pacto social —la promesa de que el Estado cuida a quienes viven en zonas remotas— se rompe cuando las carreteras que conectan a las comunidades no existen o se destruyen fácilmente.
Este episodio también nos obliga a mirar con urgencia los mecanismos de prevención frente al cambio climático: lluvias extremas, deslaves repentinos y colapso hidrológico son parte de un nuevo patrón climático que requiere adaptar caminos, drenajes, alertas y plantillas de respuesta local. No bastan brigadas emergentes: se requiere reconstruir con visión de largo plazo, con criterios de riesgo y con una gobernanza capaz de prevenir, y no solo reaccionar.
Hoy México no necesita solo recuperar caminos; necesita reconstruirse institucionalmente. Si entre los escombros y el lodo no surge una agenda de responsabilidad, rendición de cuentas y diseño participativo, estas 160 localidades seguirán siendo símbolo no de solidaridad nacional, sino de promesas fallidas.
