La tragedia humana que han dejado las recientes lluvias e inundaciones en el país exhibe nuevamente la fragilidad estructural de la gestión del riesgo en México. Hasta este viernes, el Gobierno federal confirmó 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas en cinco estados, con Veracruz como epicentro de los daños, donde se reportan 35 muertes y 7 personas que aún no han sido localizadas. La cifra no solo dimensiona el poder destructivo de los fenómenos naturales, sino también la persistente deuda institucional en materia de prevención, infraestructura hidrológica y atención temprana.
En Hidalgo se han registrado 22 fallecidos y 9 desaparecidos, un número que revela impactos severos en zonas rurales y municipios con drenajes colapsados o inexistentes. Puebla suma 22 muertes y 2 personas extraviadas, mientras que Querétaro reporta una persona fallecida. Aunque las lluvias se atribuyen a eventos hidrometeorológicos extremos, los efectos letales recaen, como suele ocurrir, en comunidades con menor resilianza y menor capacidad de respuesta inmediata.
Cada emergencia de esta escala vuelve a colocar frente al espejo al sistema nacional de protección civil: las alertas tempranas existen, pero su alcance real depende de infraestructura operativa, cauces desazolvados, rutas de evacuación libres y coordinación municipal. Lo que los datos sugieren —y lo que después confirman auditorías, enredos burocráticos o subejercicios— es que el problema no está en la ausencia de diagnósticos, sino en la falta de ejecución sostenida y preventiva.
El discurso oficial apunta a la magnitud del temporal; sin embargo, el costo social desnuda otra verdad: los desastres no son solo “naturales”. Se vuelven tragedia cuando la autoridad llega tarde, cuando la obra hidráulica está rebasada o cuando el mantenimiento se posterga hasta que el lodo y la corriente se los llevan. La emergencia ya está abierta; la pregunta de fondo es si, una vez que baje el agua, el Estado corre a reconstruir o solo a contabilizar.
