El Congreso de la República del Perú aprobó por 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como respuesta directa al asilo político otorgado por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. La medida intensifica un episodio de tensión diplomática entre ambos países, desencadenado al refugiarse Chávez en la embajada mexicana en Lima, mientras enfrenta cargos por haber participado en el intento de disolución del Congreso peruano en diciembre de 2022.
La decisión parlamentaria se produce tras el reciente rompimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, declarado por el Gobierno peruano al calificar el asilo como un “acto inamistoso” y una intromisión en la soberanía peruana. México, por su parte, sostiene que la concesión de asilo se realizó conforme al derecho internacional —especialmente la Convención de Caracas de 1954— y rechaza que dicha acción constituya una ingerencia en asuntos internos del Perú.
Durante el debate en el Congreso peruano, legisladores alineados con la moción argumentaron que Sheinbaum violó límite tras límite al respaldar públicamente al ex presidente Pedro Castillo y al desconocer la sucesión constitucional en Perú, lo cual, a su parecer, justificaba su declaración como persona non grata.
Este nuevo capítulo del conflicto bilateral plantea múltiples interrogantes sobre el futuro de la relación comercial y política entre México y Perú. Ambos países comparten en el marco de la Alianza del Pacífico un comercio que supera los 2 500 millones de dólares al año, lo que convierte la crisis diplomática en un riesgo para sus vínculos económicos y regionales.
Además, el caso sirve como advertencia de cómo los temas de asilo político pueden disparar tensiones intergubernamentales cuando se combinan con acusaciones de interferencia y narrativas sobre imposición de libre albedrío en asuntos internos. En este sentido, la designación de persona non grata, aunque simbólica, marca un precedente de severidad diplomática entre México y Perú que trasciende lo retórico y abre la puerta a sanciones o recíprocas retaliaciones formales.
En conclusión, la resolución del Congreso peruano contra la presidenta mexicana es más que un acto parlamentario: es la cristalización de un desencuentro creciente entre dos países latinoamericanos que hasta hace poco consideraban sus vínculos más como socios que como rivales. El desenlace de este enfrentamiento diplomático podría definir nuevo equilibrios en la región y replantear qué tan protegidos están los derechos de asilo frente a las consideraciones de política exterior.
