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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la empresa Nueva Elektra del Milenio, perteneciente al grupo de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, correspondientes al ejercicio de 2012. El fallo, aprobado con seis votos a favor, representa un duro golpe para el conglomerado empresarial, que en los últimos meses ha enfrentado diversas resoluciones adversas en tribunales federales.
El criterio aprobado por la Corte confirma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí tiene facultades para fiscalizar de manera directa a empresas individuales, incluso cuando formen parte de grupos que realizan declaraciones consolidadas. Con ello, se revoca un fallo anterior que limitaba la revisión fiscal únicamente a la empresa controladora.
Esta resolución se suma a otro desacierto judicial ocurrido días atrás, cuando la SCJN desechó siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, que en conjunto obligan al grupo a cubrir más de 50 mil millones de pesos en impuestos acumulados entre 2008 y 2016. Entre esos casos se encuentra uno por más de 33 mil millones de pesos al que la Corte negó el interés excepcional requerido para su revisión.
Adicionalmente, permanece pendiente la discusión de otro amparo por 645.7 millones de pesos relacionado con TotalPlay, cuya revisión fue pospuesta por el ministro presidente Hugo Aguilar para un análisis más detallado.
En este contexto, la Suprema Corte ha cerrado el paso a múltiples intentos legales del conglomerado por frenar los cobros del SAT, reafirmando un criterio que podría impactar a otras empresas con esquemas fiscales similares. Diversos especialistas consideran que este precedente fortalecerá la fiscalización directa en grupos empresariales y marcará una nueva etapa en el combate a la evasión fiscal.
La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por el conflicto entre el Gobierno federal y TV Azteca, advirtiendo que la exposición pública del caso podría derivar en un ambiente adverso para los medios de comunicación. No obstante, la resolución de la Corte se centra exclusivamente en aspectos técnicos y constitucionales relacionados con la responsabilidad fiscal.
Con los fallos recientes, el máximo tribunal confirma su postura sobre la obligación de las empresas de responder ante la autoridad fiscal sin excepciones, mientras que los procesos pendientes podrían elevar aún más los montos definitivos a pagar por el conglomerado.
con información de EFE
