Un colectivo de activistas digitales identificado como DLR denunció públicamente la presunta existencia de una red dedicada a la explotación sexual infantil que operaba a través de aplicaciones de mensajería en Oaxaca. La exposición del caso derivó en que la Fiscalía estatal iniciara una investigación de oficio.
De acuerdo con los activistas, durante el monitoreo de espacios virtuales en plataformas encriptadas detectaron conversaciones entre varios usuarios que intercambiaban imágenes de adolescentes en situaciones privadas. En algunas de las capturas compartidas se observan uniformes escolares que corresponderían a estudiantes de secundarias públicas en la capital oaxaqueña, entre ellas la Técnica 1, Técnica 6 y la Federal 2.
Lo más grave es que, según lo expuesto por el colectivo, algunos participantes aseguraban ser familiares de las menores involucradas y relataban cómo habían obtenido el contenido dentro de entornos domésticos. En los diálogos también se solicitaba material adicional, lo que apunta a una dinámica organizada y reiterada.
DLR, que trabaja en la documentación y denuncia de delitos sexuales contra menores en entornos digitales, ha señalado que este tipo de grupos operan con regularidad en plataformas de difícil rastreo, aprovechándose del anonimato y la falta de vigilancia institucional. Su acción busca generar presión pública y coadyuvar en la preservación de evidencia para que las autoridades puedan actuar.
Tras la denuncia difundida en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó el 21 de noviembre de 2025 que abrió la carpeta de investigación 30453/UNNA/2025 por presunta violación a la intimidad sexual de menores. La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que desde el 18 de noviembre realiza entrevistas en los planteles señalados para identificar posibles víctimas y reunir información relevante.
Las autoridades también integraron a especialistas en análisis digital para rastrear la ruta de distribución del contenido y ubicar a los presuntos responsables. La Fiscalía reiteró que contar con denuncias directas es fundamental para avanzar judicialmente y aseguró que ofrecerán acompañamiento psicológico y legal a las afectadas.
Este caso vuelve a evidenciar el papel crucial de los activistas digitales en la detección de delitos que operan de forma encubierta en internet, un terreno donde la impunidad suele prevalecer. La intervención de DLR permitió llevar el tema al ámbito público y exigir una respuesta institucional inmediata ante una problemática que afecta directamente la integridad y seguridad de niñas y adolescentes.
con información de Infobae
