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Las revelaciones difundidas recientemente sobre presuntos vínculos entre el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia Miss Universo, y una red de tráfico de armas y combustible han generado fuerte impacto mediático y político. De acuerdo con información publicada por medios nacionales, diversas empresas de seguridad privada vinculadas al empresario habrían operado durante años como parte de una estructura dedicada a la adquisición, traslado y rematriculación de armamento ilegal, con apoyo de exmilitares y bajo aparente cobertura legal.
La información fue dada a conocer por Infobae México con base en declaraciones del periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta oficial de X, así como por datos difundidos por el diario Reforma. De acuerdo con estos señalamientos, Rocha Cantú incluso se habría acogido al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con tráfico de armas y robo de hidrocarburos.
Según la información difundida, cinco compañías de seguridad privada —SEGURIMEX S.A.P.I. de C.V., SETER S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon S.A. de C.V. y Dinámica Seguridad Privada Consultores S.A. de C.V.— habrían participado en un esquema mediante el cual se adquiría e intercambiaba armamento con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dichas operaciones habrían abastecido a organizaciones criminales en Veracruz y Tamaulipas, incluidas células como el Grupo Sombra y operadores relacionados con el Cártel del Golfo, señalados con los alias de “El Cape”, “El Loco” y “El M”.
Loret de Mola expuso que parte del armamento presuntamente ilegal fue regularizado mediante registros oficiales de la Sedena, lo que habría permitido su movilización con apariencia legítima. Paralelamente, los señalamientos vinculan al empresario con actividades de tráfico de combustible, tanto robado como introducido desde Guatemala, sin cumplir con los requisitos aduaneros correspondientes. Estas operaciones se habrían coordinado desde centros logísticos instalados principalmente en Querétaro.
Dentro de estos puntos, se menciona una ubicación conocida como “La Espuela”, dentro de Ferropolymers, donde se recibían carrotanques; un área denominada “El Patio” (5ª La Chingada), donde el combustible ilícito era mezclado con MTBE y nafta para mejorar su calidad y presentación; y zonas de distribución final identificadas como “AGUI-MAR”, “FUCHELA” y “PALMA SIKA”. Para sustentar las transacciones, se habrían utilizado empresas fachada como Tabasco Capital S.A. de C.V. y PTIH, con el fin de dar respaldo formal al movimiento y comercialización de hidrocarburos fuera de norma.
Las investigaciones se encuentran en desarrollo y, aunque no se han pronunciado autoridades judiciales de manera oficial sobre las implicaciones de estos señalamientos, las filtraciones han abierto un nuevo capítulo en torno al escrutinio público sobre figuras empresariales vinculadas a eventos de alcance global. El caso pone en evidencia los riesgos cuando estructuras privadas con acceso a permisos regulatorios son utilizadas para facilitar actividades ilegales bajo el resguardo de esquemas corporativos y relaciones estratégicas con actores militares o de seguridad.
El impacto del caso no se limita al ámbito penal; también plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de empresas de alto perfil y el nivel de influencia que ciertos actores pueden tener en estructuras operativas sensibles. En tanto avanzan las indagatorias, la opinión pública sigue pendiente del desarrollo de este proceso, marcado por la tensión entre filtraciones mediáticas y el silencio institucional.
con información de Infobae
