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El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México lanzó una acusación directa contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, al señalarlo como presunto responsable de financiar y coordinar la participación de grupos de choque durante la protesta realizada el pasado 15 de noviembre, conocida como la marcha de la Generación Z.
Según los legisladores morenistas, no se trató de una movilización juvenil espontánea, sino de una acción planificada con fines políticos. Afirman que se ofrecieron hasta 10 mil pesos por persona para ejecutar actos de violencia durante la manifestación. Incluso, sostienen que se buscó reclutar alrededor de 400 individuos, en su mayoría hombres de entre 30 y 50 años, para intervenir de manera operativa en los disturbios.
La bancada de Morena asegura contar con documentos y testimonios que vinculan directamente a Moreno Cárdenas con esta presunta operación. En redes sociales, los diputados advirtieron que acudirán a instancias judiciales para denunciar a quienes —según ellos— utilizaron recursos públicos y estructuras partidistas en la promoción de actos violentos. “Vamos por ‘Alito’ Moreno”, publicaron como parte de su posicionamiento oficial.
El diputado local Paulo Emilio García, vocero de la bancada, reiteró que la movilización no fue genuina ni liderada por jóvenes inconformes, sino orquestada con intereses políticos y económicos. Por su parte, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa afirmó que la participación priista no solo fue logística, sino operativa, y agradeció a militantes del PRI que habrían revelado estos hechos desde el interior del partido. Aseguró que los disturbios fueron parte de una estrategia deliberada para generar inestabilidad.
Las acusaciones también incluyen a los diputados federales priistas Israel Betanzos y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quienes —según Morena— habrían coordinado junto a operadores locales, especialmente en alcaldías como Cuauhtémoc, la planeación y financiamiento de los presuntos grupos de choque. Se menciona incluso a un posible enlace identificado como Ángel Gutiérrez Javier, alias “El Faria”.
Morena anunció que presentará ante el pleno una propuesta para iniciar investigaciones formales contra los legisladores señalados y dio a conocer la conformación de una Comisión Especial de Investigación para esclarecer los hechos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre. El objetivo será determinar responsabilidades y analizar posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones porriles.
“Lo que demuestran estos hechos es que no les preocupa la gente, sino generar inestabilidad con fines políticos y económicos”, concluyó Bravo Espinosa, responsabilizando tanto al PRI como al PAN de ser “los principales originarios de la violencia” registrada ese día.
La polémica abre un nuevo frente en la disputa política en la capital del país, en un contexto marcado por la proximidad de procesos electorales y el creciente enfrentamiento entre fuerzas partidistas. Si se confirma la veracidad de los señalamientos, el caso podría escalar a niveles nacionales y convertirse en un punto de inflexión sobre el uso de mecanismos de presión y manipulación social en movilizaciones públicas.
con información de Infobae
