Fernando Rangel de León.
La delincuencia organizada empezó con la siembra, la cosecha y la venta de marihuana, luego siguió con la cocaína, la heroína; continuó con las anfetaminas, fentanilo y demás drogas; después se dedicó al huachicol; enseguida se avocó a la extorsión, principalmente a los productores aguacateros y limoneros de Michoacán y otras regiones, y en general a toda la población; es decir, planea, organiza y ejecuta todas las conductas delictivas que le dejan más ganancias; yendo siempre delante de la ley.
La extorsión la ejecuta la delincuencia organizada, físicamente, territorialmente, telefónicamente y por todos los medios a su alcance en contra de la población que el Estado deja en total indefensión; al grado de que los afectados se han organizado para su auto defensa, con saldos trágicos como el reciente asesinato de un líder limonero michoacano; y los pocos gobernantes que han querido hacer valer el derecho han sido ejecutados como el recién alcalde de Uruapan.
Cuando el estado quiere combatir una conducta antisocial y dañina, crea delitos y los incluye en los códigos penales que son unos catálogos de ellos; pero cuando el daño es muy grande y pone en grave riesgo a la población, entonces crea una ley sobre un delito para que sea más extensiva la conducta típica penal; como lo acaba de hacer con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, y acaba de hacerlo la de Senadores, este pasado miércoles 19, quien la regresó a aquella para su total aprobación y envío a la Presidenta de la República, para su promulgación, publicación en el Diario Oficial de la Federación, y entrada en vigor.
Esta ley define la extorsión como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico; con penas básicas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización UMA; y ya con las agravantes de la ley podrían elevarse hasta 42 años de prisión; procediéndose de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia, querella o acusación.
Esta ley fue aprobada por unanimidad tanto en la cámara baja como en la alta; la cual es bienvenida por todo México; pues la extorsión es ahorita una de las formas más criminales con las que se daña a sus habitantes; y su éxito dependerá de su aplicación y del combate a la impunidad.
