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En medio de una de las mayores crisis recientes para los productores del campo mexicano, marcada por los bajos precios del maíz y la ausencia de apoyos gubernamentales, el gobierno federal adjudicó de manera directa un contrato por 346 millones de pesos a la empresa Minsa Comercial, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum. El acuerdo forma parte del programa Maíz para Todos y contempla la transformación de maíz en harina nixtamalizada, así como su empaque y distribución en comunidades de alta marginación en trece estados del país, desde marzo hasta diciembre de 2025.
La adjudicación, realizada sin licitación pública, fue justificada por razones de “urgencia operativa” con base en el Artículo 41, Fracción XII de la Ley de Adquisiciones. Minsa deberá entregar una fianza por poco más de 34.6 millones de pesos, equivalente al 10% del valor del contrato, y se estableció un costo por unidad de 3,962.96 pesos por maquila y 249.90 pesos por empaque. Lo anterior garantiza un margen financiero estable para la empresa beneficiada, pero no representa una mejoría tangible para quienes producen el maíz, quienes continúan enfrentando condiciones precarias.
Apenas el 24 de noviembre, productores agrícolas intensificaron protestas y bloqueos en estados como Sinaloa y Jalisco, reclamando el incumplimiento de compromisos para la comercialización de 700 mil toneladas de maíz blanco. Señalan que mientras los harineros compran el grano a poco más de 4 pesos por kilogramo, la tortilla se vende hasta en 27 pesos, lo que deja sin margen de rentabilidad a los campesinos. Uno de ellos, visiblemente afectado, cuestionó entre lágrimas: “¿Por qué subieron la tortilla a 25, 30 pesos si pagan el maíz a cuatro? Vean que no tenemos para comer, para comprar medicinas. Esto es privilegio de ustedes, de los funcionarios.”
El contraste entre las facilidades otorgadas a una empresa vinculada al entorno presidencial y la situación de abandono que viven miles de productores del país resulta particularmente significativo, sobre todo cuando la presidenta ha utilizado en múltiples ocasiones la frase “Sin maíz, no hay país” como consigna política. Para los campesinos, esa declaración hoy refleja más una contradicción que un compromiso. Mientras el discurso oficial insiste en apoyar al campo, las decisiones administrativas favorecen a corporaciones cercanas al poder, dejando fuera a quienes siembran, cosechan y sostienen la cadena alimentaria nacional.
La tensión entre productores y gobierno continúa en aumento. El malestar social no solo se refleja en protestas y bloqueos carreteros, sino en una creciente percepción de inequidad y concentración de beneficios en manos de grandes empresas. La relación entre política pública, intereses privados y crisis rural revela una brecha profunda que la narrativa gubernamental no ha logrado cubrir. Si el campo mexicano es realmente estratégico, la política debe ir más allá del discurso y ser capaz de equilibrar las condiciones entre quienes producen la materia prima y quienes capitalizan el mercado.
con información de Emeequis
