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El proceso judicial contra el empresario mexicano Alexandro Rovirosa Martínez inició formalmente en la Corte del Distrito Sur de Texas, en un caso que podría revelar uno de los episodios más delicados de presunta corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Rovirosa es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber integrado, junto con el exdirectivo de Pemex Mario Alberto Ávila Lizárraga, una estructura de sobornos destinada a manipular contratos millonarios entre 2019 y 2021. Mientras el empresario enfrenta juicio, Ávila continúa prófugo en México, lo que ha incrementado la atención mediática y judicial sobre el caso.
Según documentos oficiales citados por El País, la red habría pagado al menos 150 mil dólares a tres altos funcionarios de la petrolera para asegurar contratos relacionados con obras, mantenimiento de pozos, compra de materiales y la cancelación de auditorías internas que podían comprometer sus operaciones. A cambio, los funcionarios recibieron dinero, artículos de lujo y favores personales.
La evidencia clave de la fiscalía provino del teléfono móvil de Ávila Lizárraga, del cual fueron extraídos mensajes donde se detallan montos, favores y artículos entregados como parte de los sobornos, incluyendo una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot de más de 12 mil dólares. En los chats, los implicados incluso bromeaban sobre los pagos: «Un Hublot como comisión, jaja», se lee en uno de los mensajes incorporados al expediente.
La defensa de Rovirosa intentó frenar el avance del juicio argumentando que las traducciones al inglés de estos mensajes eran defectuosas y que su entrega se realizó fuera de los plazos legales, lo que —según la defensa— violaba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Sin embargo, el juez rechazó la moción y permitió la continuidad del proceso, dando margen para que el acusado presente sus propias traducciones si lo considera necesario.
Rovirosa también intentó otras estrategias para evitar ser enjuiciado, asegurando que la supuesta conspiración había concluido en 2020, pero los documentos judiciales muestran evidencia de pagos ilegales hasta octubre de 2021. En otra petición que generó críticas del tribunal, el empresario solicitó permiso para viajar a México bajo el argumento de asistir a eventos familiares en San Miguel de Allende y tomar “vacaciones de lujo”. La corte negó rotundamente la solicitud, calificando el riesgo de fuga como “alto”, especialmente porque su socio continúa escondido en territorio mexicano.
El proceso también ha puesto bajo la lupa el historial empresarial de Rovirosa. El País documentó que el empresario firmó un contrato por 30 años para operar el campo petrolero VC-01 en Veracruz, donde en un solo año obtuvo ingresos por más de 1.2 millones de dólares. Además, sus compañías Tubular Technology e Isa Data obtuvieron al menos 19 contratos con Pemex y sus filiales, sumando más de 746 millones de pesos en obras de infraestructura y adquisición de equipos.
Mientras avanza el juicio, las autoridades estadounidenses continúan buscando y negociando la captura de Ávila Lizárraga. Más allá de los acusados, el caso vuelve a sembrar dudas sobre el verdadero alcance de la corrupción en Pemex y sobre los mecanismos internos que permitieron que una red de sobornos operara durante una administración que se proclamó abanderada del combate a la corrupción.
con información de El País
