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Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) han destapado una supuesta operación criminal de alcance binacional en la que estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo. Según documentos oficiales, la red habría traficado armas desde Guatemala hacia México, utilizando rutas comerciales encubiertas y una estructura logística diseñada para evitar la detección de autoridades federales.
De acuerdo con la información difundida por Infobae México, las armas cruzaban la frontera ocultas en autobuses que transportaban pacas de ropa y mercancía de contrabando. Una vez en la Ciudad de México, los cargamentos eran descargados en la zona de Pino Suárez, a escasos metros de Palacio Nacional, para luego ser distribuidos entre grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito, La Chokiza y el Grupo Sombra.
La carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024 detalla que la red también operaba en el negocio del huachicol, combinando la importación de armas con el tráfico de combustible robado. Parte de estas actividades se realizaba mediante un esquema híbrido: transacciones presenciales y negociaciones digitales coordinadas por un operador conocido como “Kevin”, cuyo perfil de WhatsApp funcionaba como centro de contacto y distribución.
Uno de los elementos más delicados de la investigación es la presunta red de corrupción que permitía a los operadores de Rocha acceder a información privilegiada de la propia FEMDO. Testimonios y movimientos financieros apuntan al pago de sobornos que iban desde 120 mil hasta dos millones de pesos a funcionarios encargados de investigaciones estratégicas, lo que permitía advertencias sobre cateos, copias de expedientes e incluso actualizaciones procesales.
Entre los funcionarios señalados figuran Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias “La Fiscal”, actualmente detenida y vinculada a proceso, así como Diego Adrián Mendoza Pérez. Los sobornos habrían sido coordinados por Jacobo Reyes León, señalado como intermediario clave entre los operadores criminales y personal de la fiscalía.
La red contaba con una estructura interna dividida en áreas operativas, financieras y de protección. Según los documentos, Rocha Cantú fungía como principal financista, aportando capital para la importación de armas y la compra y distribución de hidrocarburos robados. Otros presuntos socios, como Jorge Enrique Alberts Ponce, utilizaban empresas de seguridad y energía —entre ellas Acurgen S.A. de C.V., Seicsa y Valvón Servicios Integrales— como fachadas para contratos públicos y operaciones de lavado de dinero.
La organización también habría tenido acceso a infraestructura especializada, como patios logísticos, centros de almacenamiento de combustible robado y puntos de resguardo, entre los cuales destaca “La Espuela”, en Querétaro. Las autoridades señalan que esta red de espacios facilitó el movimiento constante de mercancía ilegal y la protección del flujo financiero vinculado a las operaciones.
El 15 de noviembre de 2025 se giraron órdenes de aprehensión contra trece personas relacionadas con esta estructura criminal. Hasta el momento, solo una funcionaria ha sido detenida. Raúl Rocha Cantú permanece en libertad debido a que se acogió a un criterio de oportunidad y funge actualmente como testigo colaborador en el caso.
