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Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, admitió ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois haber participado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada con la intención de obtener beneficios judiciales para él y su hermano Ovidio Guzmán. La confesión, presentada el 1 de diciembre, forma parte del acuerdo de culpabilidad firmado por Guzmán López, quien también aceptó responsabilidad por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
De acuerdo con información de Animal Político, Guzmán López reveló que el secuestro ocurrió el 25 de julio de 2024. Con el pretexto de resolver un desacuerdo con terceros, citó a Zambada García en un rancho ubicado en las afueras de Culiacán, Sinalora. Ahí, hombres armados bajo su mando lo capturaron, lo sedaron y lo trasladaron en una avioneta hasta Nuevo México, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses. Los documentos judiciales aclaran que el gobierno de Estados Unidos no pidió, aprobó ni otorgará beneficios por esta acción.
La Fiscalía General de la República logró identificar tanto el punto de despegue de la aeronave como el inmueble donde se cometió la privación ilegal de la libertad y otros delitos relacionados, incluyendo posibles elementos de desaparición forzada. La captura de Zambada García generó una ola de violencia en Sinaloa, intensificando el conflicto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, una disputa interna del Cártel de Sinaloa que continúa hasta la fecha.
Durante la audiencia, el fiscal Andrew Erskine detalló que el plan fue concebido con el fin de entregar a Zambada a las autoridades estadounidenses, con la expectativa de obtener reducciones de pena o beneficios judiciales. Sin embargo, la postura oficial del gobierno estadounidense fue contundente al rechazar cualquier implicación o recompensa derivada del secuestro. Joaquín Guzmán López se convirtió así en el segundo hijo de “El Chapo” que se declara culpable ante la jueza Sharon Johnson Coleman, después de Ovidio, enfrentando cargos por tráfico de drogas y crimen organizado. En su caso, la sentencia podría oscilar entre un mínimo de 10 años y cadena perpetua, por delitos cometidos entre 2008 y 2021.
con información de Animal Político
