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La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República no inaugura un terreno nuevo, sino uno lleno de expedientes detenidos, promesas incumplidas y una narrativa de justicia selectiva que marcó la gestión de Alejandro Gertz Manero. Su nombramiento abre una expectativa política clara: reactivar los casos que durante casi siete años permanecieron congelados y demostrar si la FGR puede convertirse en una institución funcional o seguir siendo un espacio de administración de la impunidad.
Godoy asume la titularidad de una Fiscalía con al menos una decena de investigaciones de alto perfil sin resolución, algunas emblemáticas por su carga política, otras por la magnitud del daño al erario o por su vínculo con el crimen organizado. Desde expedientes contra dirigentes partidistas y exgobernadores, hasta escándalos empresariales, casos de corrupción estructural y tragedias nacionales aún sin esclarecer, el reto que enfrenta no es técnico, sino profundamente político.
Entre los pendientes más significativos destacan las investigaciones contra figuras como Alejandro Moreno y Francisco García Cabeza de Vaca, procesos que nunca avanzaron hacia su judicialización pese a la documentación pública de presuntos delitos financieros. En ambos casos, la FGR se topó —o cedió— ante el muro del fuero, los acuerdos políticos y la fragmentación entre poderes, dejando instalada la percepción de que la Fiscalía fue usada más como instrumento de presión que como mecanismo de justicia.
A ello se suman casos simbólicos del sexenio anterior, como Odebrecht y Emilio Lozoya, que prometían marcar un punto de quiebre en el combate a la corrupción y terminaron diluidos entre criterios de oportunidad, pruebas desechadas y un proceso que nunca alcanzó a las redes de poder denunciadas. Algo similar ocurrió con las carpetas abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto, anunciadas con estridencia y cerradas en los hechos por falta de voluntad procesal.
El caso Ayotzinapa sigue siendo la herida abierta más profunda. Pese a detenciones, órdenes de aprehensión y discursos oficiales, la verdad continúa fragmentada. Los padres de los 43 normalistas reclaman no solo justicia penal, sino claridad sobre responsabilidades de alto nivel, un terreno al que la FGR nunca quiso entrar a fondo.
Otros expedientes, como el huachicol fiscal, las redes de facturación falsa, la corrupción política en Tabasco, el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada o los casos Javier Duarte y Karime Macías, comparten un mismo patrón: investigaciones incompletas, criterios de oportunidad opacos, procesos judiciales detenidos y escasa recuperación de recursos públicos. En conjunto, configuran el retrato de una Fiscalía incapaz de cerrar ciclos.
Godoy llega con el respaldo político de la presidenta Claudia Sheinbaum y con experiencia institucional. Sin embargo, ese mismo respaldo eleva el costo de su gestión. Reactivar estos casos significará enfrentarse a intereses económicos, políticos y partidistas, incluso dentro del propio bloque en el poder. No hacerlo consolidaría la idea de continuidad y confirmaría que el relevo en la FGR fue solo administrativo.
Los próximos meses serán determinantes. La Fiscalía ya no será evaluada por discursos ni anuncios, sino por decisiones concretas: a quién investiga, a quién imputa y hasta dónde está dispuesta a llegar. Los pendientes heredados no solo definirán el legado de Ernestina Godoy, sino la credibilidad misma del sistema de justicia en México.
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