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La detención en Nueva York de Paul Campo, exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y de su socio Robert Sensi marca un punto de quiebre simbólico en la narrativa del combate al narcotráfico hemisférico. El caso no solo exhibe la capacidad de infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que cuestiona la integridad de las propias estructuras encargadas de combatirlo. Que un exfuncionario con 25 años de carrera haya terminado del lado de la delincuencia organizada revela un nivel de corrosión institucional que trasciende fronteras.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Campo y Sensi enfrentan cargos federales por conspiración para cometer narcoterrorismo, lavado de dinero, tráfico de drogas y apoyo material a una organización terrorista. Las acusaciones apuntan a una colaboración activa con el CJNG para blanquear hasta 12 millones de dólares, mover cargamentos de cocaína y asesorar técnicamente en la producción de fentanilo, una sustancia clave en la crisis de salud pública que golpea a Estados Unidos.
El perfil de Campo agrava la dimensión política del caso. No se trata de un exagente menor o marginal: antes de su retiro en 2016 fue subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, un área estratégica dedicada al rastreo de recursos del narcotráfico. Su conocimiento de los mecanismos de vigilancia financiera y de los puntos ciegos del sistema habría sido, según la acusación, puesto al servicio del mismo cártel que durante años combatió desde el gobierno.
La investigación revela encuentros con un informante que se hacía pasar por integrante del CJNG, en los que se discutieron esquemas de lavado mediante criptomonedas y bienes raíces, así como asesoría logística, uso de drones con explosivos y posibles adquisiciones de armamento militar. Lejos de tratarse de una complicidad pasiva, las pruebas sugieren una participación consciente y deliberada en la expansión operativa de una de las organizaciones criminales más violentas de México.
El momento del caso no es menor. En febrero de 2025, el gobierno estadounidense clasificó oficialmente al CJNG como organización terrorista extranjera, una decisión que endurece las consecuencias legales para cualquiera que le brinde apoyo. Bajo este marco, los delitos que enfrentan Campo y Sensi podrían derivar en sentencias de cadena perpetua, reforzando el mensaje político de que la traición institucional no quedará impune.
Sin embargo, más allá de los tribunales, el impacto del caso es reputacional. La cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos se ha sostenido durante décadas en la premisa de superioridad técnica y moral de las agencias estadounidenses. La detención de un exalto funcionario de la DEA por colaborar con un cártel mexicano erosiona esa narrativa y obliga a replantear los límites reales de la corrupción, incluso en las agencias más vigiladas del mundo.
El expediente abre preguntas incómodas. ¿Cuántos otros eslabones vulnerables existen dentro de los aparatos de seguridad? ¿Hasta qué punto el narcotráfico ha logrado infiltrar estructuras que se suponen impermeables? El caso Campo no solo representa un golpe operativo: es una advertencia sobre los riesgos de asumir que la corrupción es un problema ajeno, cuando en realidad se ha vuelto un fenómeno transnacional.
con información de Animal Político
