redacción.
Una adolescente de 15 años sufrió un derrame cerebral luego de someterse a una cirugía estética que le fue obsequiada como regalo por sus XV años, en un nuevo caso que ha encendido las alertas sobre los riesgos de realizar procedimientos cosméticos en menores de edad.
La intervención se llevó a cabo en una clínica ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y actualmente es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto delito de lesiones culposas.
De acuerdo con la información disponible, la cirugía fue realizada pese a que la paciente era menor de edad. Tras más de tres horas de procedimiento, la operación aparentemente concluyó sin complicaciones inmediatas; sin embargo, poco después la adolescente presentó un deterioro grave de salud y perdió la conciencia.
Los padres denunciaron que el personal médico no les brindó información clara ni precisa sobre el estado real de su hija tras la intervención. Incluso, señalaron que se les sugirió llevarla a casa a pesar de que la menor no había recuperado la conciencia, lo que incrementó su preocupación.
Ante la falta de explicaciones y el empeoramiento del estado de salud de la joven, la familia decidió trasladarla por su cuenta a un hospital general, donde especialistas confirmaron que había sufrido un derrame cerebral, lo que abrió la posibilidad de una negligencia médica durante el procedimiento.
La cirugía practicada fue una rinoplastia, incluida en un paquete estético contratado para conmemorar el cumpleaños número 15 de la adolescente. El caso ha generado indignación social y ha reavivado el debate sobre la realización de cirugías estéticas en menores sin una justificación médica estricta.
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la llamada Ley Nicole, una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en personas menores de edad, salvo aquellas con fines reconstructivos o médicamente indispensables. La propuesta surgió tras la muerte de una menor de 14 años en un caso similar ocurrido anteriormente.
La iniciativa establece que los procedimientos excepcionales deberán cumplir criterios estrictos, como diagnósticos médicos documentados, objetivos terapéuticos claros y evaluaciones psicológicas previas, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.
Mientras tanto, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad del personal médico y de la clínica involucrada, en tanto la familia de la menor exige justicia y esclarecimiento de los hechos.
con información de Infobae.
