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La detención del periodista mexicano Rafael León Segovia, ocurrida el miércoles en el estado de Veracruz, fue condenada por la organización Artículo 19, al considerar que se trata de un caso de criminalización de la labor periodística.
En un comunicado, Artículo 19 México y Centroamérica informó que documentó la detención del comunicador, conocido como “Lafita León”, y advirtió que los hechos representan una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.
De acuerdo con la organización, León Segovia fue arrestado por elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública.
Artículo 19 detalló que el pasado 24 de diciembre al periodista se le notificó la imputación de delitos considerados de extrema gravedad, incluyendo terrorismo y delincuencia organizada, los cuales —según la ONG— derivan directamente de su cobertura de nota roja en la ciudad de Coatzacoalcos.
Actualmente, el comunicador permanece en prisión preventiva, en espera de que se defina su situación jurídica durante una audiencia programada para el próximo 30 de diciembre.
La organización señaló que este caso se suma a otros recientes, como el proceso judicial iniciado contra el periodista Rodolfo Ruiz en el estado de Puebla, lo que refuerza la preocupación por el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación contra la prensa.
“Casos como este generan un efecto inhibidor para el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos de alta violencia y presencia de redes de macrocriminalidad. Utilizar el derecho penal como represalia por la labor informativa es un abuso incompatible con una democracia”, advirtió Artículo 19.
Finalmente, la organización exigió a las autoridades de Veracruz poner fin a prácticas intimidatorias contra periodistas, exhortó a la Fiscalía estatal a actuar con imparcialidad e independencia, y llamó al Poder Judicial a garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales del imputado.
con información de EFE.
