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Un expediente presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York expone presuntas operaciones de narcotráfico en las que habrían estado involucrados altos funcionarios del gobierno venezolano, quienes, según la acusación, utilizaron estructuras diplomáticas para facilitar el traslado de dinero y drogas entre México y Venezuela bajo cobertura oficial.
De acuerdo con el documento judicial, durante su etapa como ministro de Relaciones Exteriores, entre 2006 y 2008, Nicolás Maduro habría autorizado la expedición y venta de pasaportes diplomáticos a personas vinculadas al narcotráfico, con el objetivo de permitir el movimiento de recursos ilícitos sin controles aduanales ni revisiones de seguridad.
La Fiscalía estadounidense sostiene que parte de estas operaciones se realizaron mediante vuelos privados con respaldo diplomático. Dichas aeronaves, presentadas como misiones oficiales, habrían evitado inspecciones por parte de autoridades mexicanas, permitiendo el traslado de grandes cantidades de efectivo producto del tráfico de cocaína hacia Venezuela.
Según la acusación, estas maniobras eran coordinadas desde la embajada venezolana en México, donde se notificaba previamente la llegada de supuestas misiones diplomáticas. Durante estos movimientos se cargaba el dinero y se retornaba al país sudamericano con protección institucional.
El expediente describe que estas acciones formaban parte de una estructura criminal de mayor alcance, en la que participaban funcionarios civiles, militares y operadores logísticos, lo que habría convertido a Venezuela en una plataforma clave para el narcotráfico internacional.
Además, se señalan presuntos vínculos del régimen venezolano con diversas organizaciones criminales y grupos armados de la región, entre ellos las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas —actualmente identificados como Cártel del Noreste— y el Tren de Aragua, con operaciones que abarcarían Colombia, México, Centroamérica y Estados Unidos.
Entre las personas mencionadas en el expediente figuran integrantes del círculo cercano al poder en Venezuela, como Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, a quienes se atribuye participación en redes de protección y financiamiento del narcotráfico.
La denuncia sostiene que el uso de recursos del Estado para facilitar estas actividades permitió no solo consolidar alianzas criminales, sino también el enriquecimiento de sectores cercanos al poder mediante sobornos y esquemas de impunidad, incluso cuando cargamentos eran detectados por autoridades.
con información de Infobae
