La reforma electoral del gobierno obradorista

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Jorge Arturo Estrada García.

“Primero, fascinan a los tontos. Luego, amordazan a los inteligentes”.
Bertrand Russell.

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes
de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”.
Albert Camus.

La última gran reforma de Andrés Manuel López Obrador no la firma él. La empuja desde la sombra. La ejecuta, la presidenta, Claudia Sheinbaum. Es el cierre del círculo obradorista: rediseñar las reglas del poder, para intentar conservarlo por varios sexenios. En Palacio Nacional, la prioridad no parece ser atender a la herencia de violencia imparable, deuda externa y corrupción monumental, sino cumplir el guion del Plan C. Consolidar el Movimiento. Blindarlo.

El sexenio avanza a tropezones. Andrés Manuel, dejó un terreno sembrado de minas políticas y financieras que estallan con puntualidad cruel. Cada escándalo de corrupción en Morena, erosiona el discurso de “superioridad moral” que fue bandera y ahora es un lastre. Así, gobernar implica encubrir, contener, administrar daños. Es el precio de sentarse, en la Silla del Águila, bajo el sello de la Cuarta Transformación.

En paralelo, la vigilancia de Donald Trump hacia México, no es retórica, es presión concreta. Desde Washington se insiste en la narrativa del “narcoestado”, en el dominio territorial de organizaciones criminales, etiquetados como terroristas. El mensaje es claro: sin control territorial, en seguridad, no hay confianza comercial. Sin seguridad no hay inversión sólida bajo el T-MEC.

Entonces, la reforma electoral se discute en ese clima. Polarización alta. Seguridad frágil. Economía dependiente. El gobierno sostiene que México tiene las elecciones más caras del mundo y promete un recorte del 25 por ciento, que nadie le pide. Sus críticos responden con cifras comparativas: el costo por elector no es el más alto y el problema no es el gasto, sino la intención de debilitar al árbitro y romper los candados. 

Lorenzo Córdova Vianello, extitular del INE, califica como una «mentira» y un «mantra morenista» la afirmación de la presidenta de que México tiene las elecciones más caras del mundo. Para contradecir esta narrativa, Córdova reporta que el costo de las elecciones federales de 2024 a cargo del INE fue de 8,803 millones de pesos (aproximadamente 511.4 millones de dólares).

Esta cifra se traduce en un costo por elector de 5.19 dólares, tomando en cuenta un padrón de 98.5 millones de votantes. Córdova utiliza un estudio comparado de Forbes para demostrar que existen varios países en América Latina donde el costo relativo por elector es mayor al de México: Brasil: 5.81 dólares por elector. Uruguay: 5.73 dólares por elector. Ecuador: 6.6 dólares por elector. Argentina: 6.68 dólares por elector. Perú: 9.89 dólares por elector. Paraguay: 16.73 dólares por elector.

Córdova argumenta que la obsesión por el costo del INE es una «falsedad» que busca minar la autonomía de la institución e ignora que el presupuesto solicitado por el INE para 2026 (14 mil millones de pesos) representa apenas el 0.14 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación. Según su análisis, esto equivale a sólo 14 centavos de cada 100 pesos del gasto público total. Y esto les dio certeza a los resultados.

Eliminar la permanencia de las 300 juntas distritales sería, advierten varios consejeros, una regresión de cuatro décadas. Volver a los comités temporales, frágiles y vulnerables a presiones locales. Al sustituir el personal profesional, por contrataciones eventuales, abre la puerta a afinidades partidistas. El árbitro dejaría de ser técnico para volverse político.

La posible eliminación del PREP revive fantasmas. La noche del 6 de julio de 1988 sigue siendo advertencia histórica. Bajo la conducción del entonces priísta y ahora morenista, Manuel Bartlett, el “sistema se cayó” y la confianza se desplomó junto con él. El propio Barttlet ordenó detener al equipo de cómputo, contratado con la empresa norteamericana Unisys.

Desde entonces, es evidente que, sin un mecanismo de resultados preliminares probado, la incertidumbre puede ocupar el vacío. Tal vez ese sea el plan. Dictar resultados y sin contar votos. Y así, imponer narrativas “ganadoras”, al viejo estilo de AMLO.

Adicionalmente, el despido de miles de integrantes del Servicio Profesional Electoral implicaría la pérdida de experiencia acumulada durante décadas. Organizar elecciones no es improvisar mítines. Es logística milimétrica, cadena de custodia, capacitación ciudadana. La democracia también es oficio.

En Palacio se habla de austeridad, en la oposición se habla de asfixia presupuestal. Recortar 25% sin reducir responsabilidades parece una fórmula precisa, para debilitar autonomía. Un instituto sin recursos suficientes depende del Ejecutivo. Y un árbitro dependiente deja de ser árbitro.

El contexto económico, nacional, tampoco es sano. La inversión extranjera directa muestra cifras relevantes, pero solamente en reinversiones. El dinero nuevo es cauteloso y no llega. La certeza jurídica y la estabilidad institucional pesan tanto como los incentivos fiscales. Si el árbitro electoral pierde credibilidad, el riesgo país aumenta en silencio.

Las revelaciones de Julio Scherer Ibarra sobre la transformación personal del expresidente reavivan el debate. “Se obsesionó con mantener el poder”, dijo. La frase no es anécdota, es un diagnóstico político. Cuando la lealtad sustituye a la capacidad intelectual, las instituciones se doblan.

Morena enfrenta el desprestigio acelerado: políticos enriquecidos, campañas con recursos oscuros, ventaja en spots y financiamiento. La sobrerrepresentación no regulada, desbalancea la competencia. El ciudadano nunca madura, se diluye entre programas sociales y clientelares. Antes eran lonches, ahora son becas. Cambia la forma, pero no el fondo.

La reforma avanza como el cuarto intento de rediseño electoral en el país. Los consensos son inexistentes. El dilema es simple y profundo: ¿modernizar para fortalecer o reajustar para concentrar? México discute su andamiaje democrático mientras transita entre la violencia, la presión internacional y la desaceleración económica. Sabemos que las democracias no suelen caer de golpe: se erosionan, paso a paso, reforma tras reforma. Veremos.