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Una intervención de la ministra María Estela Ríos durante una sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó controversia luego de que hiciera referencia a las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida al abordar el concepto de familia.
El comentario ocurrió el 10 de marzo durante la discusión de un asunto relacionado con la atención institucional a mujeres víctimas de violencia de género y la interpretación de la Convención de Belém do Pará en el ámbito familiar.
Durante su participación, la ministra mencionó el antecedente del caso conocido como Caso Campo Algodonero, proceso que explicó fue impulsado por integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. En ese contexto reflexionó sobre los estereotipos vinculados con la familia y señaló que mujeres y hombres forman parte de ella, comentario en el que hizo referencia a personas nacidas mediante fertilización in vitro.
Las declaraciones generaron debate en redes sociales y en distintos espacios de opinión, debido a la interpretación que algunos usuarios hicieron sobre la forma en que se mencionó a quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida.
La intervención se dio en el marco de la discusión de un caso relacionado con la organización de las fiscalías encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia en el estado de Chihuahua.
En esa sesión, el máximo tribunal del país determinó que las mujeres víctimas de violencia de género en la entidad deben ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada. Con esta resolución, la Corte invalidó disposiciones que ampliaban la competencia de esa institución para que también conociera de asuntos estrictamente familiares.
La sentencia establece que la exclusividad de la fiscalía especializada no implica que las mujeres que enfrenten violencia en el ámbito familiar queden sin atención, sino que busca garantizar la existencia de una institución enfocada específicamente en la atención de casos de violencia de género.
Asimismo, el tribunal consideró que la coordinación entre la Fiscalía Especializada y los Centros de Justicia para las Mujeres en el estado es compatible con el marco constitucional, ya que permite brindar atención integral a las víctimas.
Las reformas aprobadas por el Congreso de Chihuahua a finales de 2021 pretendían ampliar las atribuciones de la fiscalía para intervenir en temas relacionados con conflictos familiares, lo que fue cuestionado por algunos legisladores al considerar que podría debilitar la atención especializada para mujeres víctimas de violencia.
Con su resolución, la Suprema Corte sostuvo que otros integrantes de la familia pueden recibir apoyo institucional, pero subrayó la necesidad de mantener una fiscalía cuya función central sea atender de manera específica los casos de violencia contra las mujeres.
