La circulación de un documento atribuido a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo generó cuestionamientos luego de que se señalara la autorización de 588 millones de pesos para una segunda etapa del programa Sembrando Vida en Cuba.
De acuerdo con la información difundida, los recursos habrían sido aprobados mediante el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, cuyo fiduciario es el Banco Nacional de Comercio Exterior.
El oficio, fechado el 31 de marzo de 2026, también refiere una solicitud de pago por un millón 479 mil 600 pesos a favor de la empresa Dragon Charge, S.A. de C.V., por conceptos relacionados con el mismo proyecto.
Según el documento, los recursos serían transferidos mediante instrucciones autorizadas por funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La difusión del material provocó reacciones y críticas en distintos sectores, que cuestionaron el destino de recursos públicos mexicanos hacia proyectos internacionales.
El programa Sembrando Vida fue creado en México como una estrategia de apoyo al campo y reforestación mediante apoyos directos a productores.
Posteriormente fue extendido a países de Centroamérica y el Caribe bajo un esquema de cooperación regional.
El tema cobró mayor atención luego de reportes internacionales sobre operaciones de vigilancia aérea de Estados Unidos alrededor de territorio cubano.
Según información citada por CNN con base en datos de FlightRadar24, desde febrero se habrían registrado al menos 25 vuelos de reconocimiento militar cerca de la isla.
Los sobrevuelos habrían involucrado aeronaves especializadas como los aviones P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y drones MQ-4C Triton.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo han emitido un posicionamiento público detallado respecto al contenido del documento difundido.
Tampoco se ha informado oficialmente sobre mecanismos adicionales para transparentar la aplicación de esos recursos.
