Diversos consulados de México en Estados Unidos fueron colocados bajo escrutinio público tras la difusión de una investigación periodística que documenta presuntas irregularidades administrativas, conflictos laborales y posibles actividades de carácter político dentro de representaciones diplomáticas mexicanas.
El reportaje, publicado por la revista Emeequis, retoma testimonios de un exfuncionario consular identificado con el seudónimo de Alejandro, quien afirma que en sedes como Sacramento, Los Ángeles, Denver y Nueva York se habrían realizado encuentros y actividades vinculadas con grupos afines a Morena durante visitas oficiales y eventos dirigidos a comunidades migrantes.
Según el testimonio citado, algunas representaciones diplomáticas habrían sido utilizadas para promover agendas partidistas mediante reuniones y actividades organizadas dentro o alrededor de instalaciones consulares, situación que ha generado cuestionamientos sobre la neutralidad institucional del servicio exterior mexicano.
Uno de los consulados mencionados en la investigación es el de Denver, encabezado por Pavel Meléndez Cruz. El reporte refiere denuncias relacionadas con presunto activismo político, así como inconformidades de migrantes por supuesta venta de citas, hostigamiento y posibles casos de acoso laboral al interior de la sede diplomática.
En Sacramento también se reportan conflictos administrativos y protestas laborales que derivaron en reclamos hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de señalamientos sobre problemas operativos y afectaciones en la atención consular.
La investigación incluye además referencias al consulado de Miami y a funcionarios como Eliel Campuzano Mendiola y José Zacarías Rangel Fernández, cuyas declaraciones patrimoniales fueron revisadas como parte de los señalamientos de opacidad administrativa. En los documentos consultados se reportan bienes personales y artículos domésticos sin registros de propiedades de alto valor.
Otro de los casos mencionados es el de Marcos Román Leal Gastélum, adscrito al consulado de Sacramento, así como el de Diego Armando Torres Fuentes, funcionario en Yuma. Ambos perfiles fueron señalados por presuntas designaciones vinculadas a criterios políticos más que a trayectoria diplomática, de acuerdo con el testimonio del exfuncionario citado en la investigación.
El reportaje sostiene que algunas actividades oficiales realizadas con comunidades migrantes habrían adquirido características de promoción política, lo que reabrió el debate sobre los límites entre representación diplomática y activismo partidista en el exterior.
La discusión ocurre en un contexto de revisión internacional sobre operaciones diplomáticas extranjeras en Estados Unidos y vuelve a colocar bajo observación el funcionamiento de los 53 consulados mexicanos establecidos en territorio estadounidense.
Hasta el momento, no se han dado a conocer sanciones oficiales ni resoluciones administrativas relacionadas con los señalamientos expuestos en la investigación periodística. Sin embargo, el caso ha generado nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas dentro del servicio exterior mexicano.
Con información de: Emeequis
