El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad aplicada durante su administración.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dio a conocer el 7 de junio que el partido solicitó a la instancia internacional investigar la posible responsabilidad de funcionarios que, desde el poder público, habrían permitido el agravamiento de la violencia en el país.
Según un material audiovisual difundido por Acción Nacional, la denuncia se sustenta en cifras y señalamientos vinculados a la estrategia denominada “Abrazos, no balazos”, entre ellos 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, comunidades desplazadas y regiones donde, de acuerdo con el partido, grupos criminales ejercen mayor control que las autoridades.
El PAN sostuvo que la situación de seguridad no fue consecuencia de hechos aislados, sino resultado de una decisión política aplicada antes y durante el sexenio de López Obrador.
Asimismo, afirmó que la estrategia gubernamental permitió el fortalecimiento de organizaciones criminales al reducir la confrontación directa con los cárteles, lo que, según el partido, favoreció su crecimiento en recursos, influencia y presencia territorial.
En sus señalamientos, Acción Nacional mencionó acusaciones e investigaciones que, aseguró, apuntan a presuntos vínculos entre integrantes de Morena y grupos delictivos. Entre los nombres citados se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
El partido argumentó que durante años existieron actos de permisividad y omisión frente al crimen organizado, permitiendo que los grupos delictivos ampliaran su influencia, reclutaran jóvenes y desplazaran comunidades.
Acción Nacional justificó su decisión de acudir a organismos internacionales al considerar que en México no existen condiciones para una investigación independiente. También sostuvo que las fiscalías han perdido autonomía y que el Poder Judicial fue capturado políticamente por Morena.
En la parte final de su posicionamiento, el PAN exigió una investigación internacional sobre los hechos señalados y afirmó que ninguna persona, incluido un expresidente de la República, debe estar por encima de la ley.
López Obrador concluyó su mandato entre críticas de la oposición por los resultados en materia de seguridad pública. La denuncia anunciada por el PAN abre una nueva controversia política y legal, mientras corresponde a las instancias competentes determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal.
