Integrantes del partido Somos México, académicos y familiares del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, anunciaron la creación de un comité ciudadano con el objetivo de dar seguimiento a su proceso judicial y exigir su liberación, tras su detención por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
De acuerdo con los promotores de la iniciativa, el comité tendrá un carácter plural, ciudadano y no partidista, y buscará vigilar el desarrollo del proceso legal, además de impulsar acciones en defensa de los derechos humanos y el debido proceso.
La coordinación del organismo estará a cargo de Verónica Ruffo, hija del exmandatario, quien señaló que la creación del comité responde al respaldo recibido por parte de ciudadanos y organizaciones que consideran necesario dar seguimiento al caso.
Entre las prioridades del grupo estará supervisar el estado de salud de Ruffo Appel, de 74 años, quien permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.
Durante la presentación, familiares y representantes de Somos México sostuvieron que el exgobernador enfrenta un proceso con motivaciones políticas y lo calificaron como un «preso político». Asimismo, anunciaron que promoverán una estrategia nacional e internacional para visibilizar el caso y exigir que se respeten las garantías legales del exfuncionario.
Los integrantes del comité advirtieron que el uso político de las instituciones de procuración e impartición de justicia representa un riesgo para la democracia y reiteraron que buscarán que el proceso se conduzca con apego a la legalidad.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
Su nombre surgió en las investigaciones relacionadas con la empresa Ingemar, fundada por el exmandatario y que desde 2025 es investigada por presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos y evasión fiscal. Las autoridades lo acusan de su probable participación en una red de contrabando de combustibles, conocido como «huachicol fiscal».
Con información de: EFE.
