El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, expresó preocupación por reportes no confirmados sobre posibles operaciones encubiertas extranjeras y vuelos de drones de vigilancia en territorio mexicano.
En el análisis, el experto señala que cualquier operación de seguridad o militar realizada dentro de México sin autorización del Gobierno mexicano podría plantear problemas respecto a la soberanía nacional y las obligaciones establecidas por el derecho internacional.
Las referencias a México forman parte de un análisis más amplio sobre las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones señaladas como vinculadas con el tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.
Saul subraya que los reportes sobre posibles operaciones clandestinas en México no han sido confirmados. Entre las versiones mencionadas se encuentran supuestos asesinatos selectivos de integrantes de organizaciones criminales y vuelos de drones destinados a labores de vigilancia.
El documento tampoco atribuye esas acciones a un país específico. Por ello, las menciona como información pendiente de corroboración y no como hechos establecidos.
El relator sostiene que una eventual incursión militar o de seguridad extranjera dentro del territorio mexicano requeriría el consentimiento de las autoridades nacionales para ser compatible con el principio de soberanía.
La discusión ocurre en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos sobre la posibilidad de realizar operaciones contra organizaciones del narcotráfico. El Gobierno mexicano ha rechazado de manera reiterada cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio nacional y ha planteado mantener la cooperación mediante mecanismos de coordinación e intercambio de información.
En paralelo, el análisis de Naciones Unidas cuestiona las operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Según las cifras citadas en el documento, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 fueron atacadas 68 embarcaciones y murieron al menos 223 personas.
Saul considera que esos hechos deben ser objeto de investigaciones independientes para determinar si se produjeron violaciones al derecho internacional y establecer las responsabilidades correspondientes.
El relator también cuestiona que el transporte de drogas pueda considerarse, por sí mismo, un ataque armado que permita recurrir a la legítima defensa. Asimismo, pone en duda que las operaciones contra las embarcaciones puedan clasificarse como acciones desarrolladas dentro de un conflicto armado bajo las normas del derecho internacional humanitario.
Otro de los argumentos expuestos es que, en determinadas circunstancias, las embarcaciones sospechosas podrían ser interceptadas y abordadas en lugar de recurrir directamente al uso de fuerza letal.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Saul sostiene que el empleo de fuerza letal debe estar relacionado con una amenaza inminente contra la vida. El análisis cuestiona que Estados Unidos haya presentado elementos suficientes para justificar los ataques bajo ese criterio.
La situación también tiene implicaciones para México debido a reportes sobre ciudadanos mexicanos que habrían muerto durante estas operaciones. Sin embargo, las autoridades mexicanas han señalado en distintos momentos que no contaban con información suficiente para confirmar algunas de esas versiones.
Frente al tráfico marítimo de drogas, el Gobierno mexicano ha planteado como alternativa fortalecer la coordinación bilateral. La propuesta consiste en que, cuando autoridades estadounidenses detecten una embarcación sospechosa en aguas internacionales próximas a México, se informe a las autoridades mexicanas para que estas puedan intervenir conforme a sus atribuciones legales.
La Secretaría de Marina mantiene operaciones contra el tráfico de drogas en el Pacífico mediante la intercepción y aseguramiento de embarcaciones utilizadas para transportar estupefacientes. Estas acciones se desarrollan dentro de las facultades de las autoridades mexicanas y con cooperación internacional en materia de inteligencia.
El pronunciamiento de Saul forma parte del sistema de procedimientos especiales de Naciones Unidas. Los relatores especiales son expertos independientes que investigan situaciones relacionadas con derechos humanos y presentan observaciones y recomendaciones; sus informes no constituyen, por sí mismos, resoluciones vinculantes de la ONU.
En este contexto, el documento distingue entre las acusaciones y reportes que requieren investigación y los hechos que han podido ser documentados. Para México, uno de los principales puntos señalados es que cualquier operación extranjera dentro de su territorio requiere el consentimiento de las autoridades nacionales.
