El Senado de la República aprobó una reforma para endurecer las sanciones contra las empresas que realicen llamadas telefónicas o utilicen otros medios de contacto con fines comerciales y publicitarios sin autorización de los consumidores.
La propuesta establece multas que podrían alcanzar los 2 millones 345 mil 728.71 pesos para los proveedores que realicen comunicaciones comerciales de manera reiterada y persistente, particularmente cuando las personas hayan manifestado que no desean recibir este tipo de publicidad.
La reforma modifica disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y busca fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos puedan rechazar llamadas, mensajes y otras formas de publicidad no solicitada.
El dictamen fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y ninguno en contra. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el proceso legislativo antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor.
Entre las modificaciones se plantea que los proveedores deberán respetar la decisión de los consumidores que manifiesten expresamente que no desean recibir comunicaciones comerciales. Las empresas tampoco podrán utilizar de manera reiterada los datos de los usuarios para insistir con ofertas o promociones después de una negativa.
Las sanciones contempladas van desde 56 mil 570 pesos hasta más de 2.3 millones de pesos, dependiendo de la conducta y las circunstancias establecidas en la legislación.
La reforma también contempla un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, mediante el cual los consumidores podrán manifestar de manera gratuita su decisión de no recibir publicidad por llamadas telefónicas.
Las empresas tendrían que consultar este registro y abstenerse de contactar con fines comerciales a las personas inscritas. La medida busca establecer un mecanismo más claro para que los consumidores puedan ejercer su derecho a no recibir publicidad no solicitada.
Otro de los aspectos considerados es la responsabilidad de las empresas que contraten a terceros para realizar campañas de promoción. La reforma busca evitar que los proveedores puedan deslindarse de las prácticas realizadas por agencias, despachos u otras compañías contratadas para efectuar llamadas comerciales.
Durante la discusión en el Senado también se señaló que las llamadas no deseadas representan una molestia frecuente para los usuarios de telefonía y pueden convertirse en un medio utilizado para intentar obtener información personal o cometer fraudes.
La discusión legislativa ocurre en un contexto de creciente preocupación por el uso de datos personales para campañas comerciales y por la cantidad de llamadas provenientes de números desconocidos que reciben los usuarios.
Con la aprobación del Senado, la propuesta pasa ahora a la Cámara de Diputados. En caso de que sea aprobada también por los diputados y concluya el procedimiento legislativo correspondiente, las nuevas sanciones podrán aplicarse conforme a las disposiciones y plazos establecidos en el decreto.
