El caso de las presuntas amenazas contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, provocó un intercambio de acusaciones entre senadoras durante la sesión del Senado de la República, donde el debate pasó de la exigencia de investigar las amenazas a una discusión sobre religión, libertad de conciencia y el carácter laico del Estado mexicano.
La senadora del PAN, Lilly Téllez, exigió la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República ante las publicaciones atribuidas al creador de contenido José Lápiz, quien presuntamente ofreció dinero para atentar contra el obispo. Téllez también pidió que se garantice la seguridad de los religiosos señalados.
El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. De acuerdo con información difundida por la propia autoridad estatal y reportada por medios nacionales, la investigación analiza publicaciones realizadas en redes sociales por posibles conductas relacionadas con amenazas y apología del delito.
La controversia llegó al pleno del Senado cuando Téllez vinculó el caso con lo que consideró una actitud de hostilidad de Morena hacia la Iglesia católica. La legisladora sostuvo que las amenazas deben ser investigadas y que los obispos involucrados requieren protección. Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por la senadora durante su intervención.
En respuesta, la senadora morenista Martha Lucía Micher afirmó que también es católica y defendió su derecho a profesar su religión. Señaló que la libertad de conciencia y el respeto al carácter laico del Estado deben mantenerse por encima de las diferencias políticas y religiosas.
Margarita Valdez, también de Morena, manifestó que respeta a la religión católica y a sus creyentes. Desde su escaño sostuvo que la libertad religiosa debe ser defendida para todas las confesiones y rechazó que su partido haya atentado contra los católicos.
Mientras se desarrollaba el intercambio, Téllez mantuvo sus acusaciones contra Morena y reclamó que las autoridades federales intervengan en el caso. El enfrentamiento convirtió una solicitud para investigar las presuntas amenazas en una discusión política sobre las posiciones de las legisladoras frente a la religión y la separación entre Iglesia y Estado.
La Fiscalía de Aguascalientes informó que la investigación busca determinar el alcance de las publicaciones y establecer si existe alguna conducta con relevancia penal. El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades analizan el material difundido en redes sociales.
