La jueza federal Martha Magaña enfrenta un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que podría concluir con su inhabilitación o destitución, debido a una resolución que emitió en 2024 para suspender el proceso legislativo de la reforma judicial promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso generó manifestaciones de integrantes del Poder Judicial federal, quienes expresaron su respaldo a la juzgadora y advirtieron sobre el riesgo de que los procedimientos disciplinarios se utilicen para sancionar decisiones jurisdiccionales que resulten contrarias a determinados intereses políticos.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, jueces y magistrados se congregaron frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial para exigir transparencia en el procedimiento y respeto al debido proceso. Magaña fue citada a comparecer por su actuación en el juicio de amparo 1252/2024, cuando se desempeñaba como jueza de distrito en Morelos.
Los manifestantes sostuvieron que las resoluciones judiciales deben cuestionarse mediante los mecanismos legales correspondientes y no convertirse, por sí mismas, en motivo de represalias administrativas. También solicitaron que las actuaciones del Tribunal se desarrollen con garantías de imparcialidad y publicidad.
Durante la protesta, la jueza en retiro Marlén Angeles pidió que la audiencia fuera pública y señaló que la preocupación de los juzgadores es preservar la independencia judicial y los contrapesos institucionales.
Magaña participó en la comparecencia por videollamada desde Madrid, España, ciudad en la que reside después de salir de México. La exjuzgadora ha señalado que su salida estuvo relacionada con lo que considera una persecución en su contra.
En su intervención, defendió los criterios jurídicos que sustentaron su resolución y afirmó que las autoridades disciplinarias deben respetar los estándares nacionales e internacionales aplicables a la impartición de justicia. Sostuvo que los jueces no deben ser sancionados únicamente por el sentido de sus decisiones.
Arturo Guerrero, abogado defensor de Magaña, advirtió que el asunto podría tener repercusiones internacionales por las posibles afectaciones a los derechos humanos y a la independencia judicial. Indicó que las medidas adoptadas en el caso podrían ser examinadas por organismos internacionales.
Los participantes en la protesta también denunciaron que no se les permitió ingresar a la audiencia, pese a haber solicitado que se realizara bajo el principio de máxima publicidad. A su juicio, la falta de acceso genera cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Al término de una audiencia de poco más de una hora, Magaña reiteró que su resolución se apegó a la Constitución y manifestó que esperará la determinación del Tribunal.
Por su parte, la magistrada María Emilia Molina afirmó que ha identificado alrededor de 15 casos que considera similares y que podrían representar situaciones de persecución contra integrantes del Poder Judicial. No obstante, reconoció que no cuentan con cifras oficiales confiables para dimensionar estos señalamientos.
El procedimiento contra Magaña continúa pendiente de resolución. El Tribunal de Disciplina Judicial deberá determinar si existe responsabilidad administrativa por la actuación que motivó la investigación, mientras el caso mantiene abierto el debate sobre los límites de las facultades disciplinarias y las garantías de independencia de quienes imparten justicia en México.
