La crisis por la renovación de la rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) no es solamente una disputa entre quienes quieren continuar con el proceso electoral y quienes pretenden frenarlo. Es el reflejo de una institución que arrastra profundas heridas, cuestionamientos sobre su manejo y una deuda histórica con la comunidad universitaria.
Desde hace 35 años, la Narro es víctima de un deterioro institucional que obliga a cuestionar el papel de quienes ya ocuparon la rectoría, y la responsabilidad de las distintas administraciones en el destino de una universidad que debería ser orgullo de Coahuila y de México. Las acusaciones de saqueo que pesan sobre su historia no pueden seguir siendo un asunto de señalamientos sin consecuencias: requieren investigaciones, transparencia y rendición de cuentas.
El reciente capítulo de la disputa por la rectoría dejó una votación que exhibe la división interna de la institución. De los 35 integrantes del Consejo Universitario que participaron, 18 respaldaron la continuidad del proceso electoral y 17 se pronunciaron por suspenderlo. Un solo voto inclinó la balanza y dejó claro que la comunidad que gobierna la universidad está lejos de alcanzar un consenso.
El rector Alberto Flores Olivas anunció en su momento la suspensión temporal de la contienda, luego de que se presentaran cuestionamientos sobre presuntas irregularidades. Sin embargo, el Consejo Directivo sostuvo que el rector carecía de facultades estatutarias para detener el procedimiento una vez aprobada la terna y constituido el Comité Electoral.
Más allá de la interpretación de los estatutos, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿por qué una institución dedicada a la formación de profesionales del campo y al desarrollo agropecuario del país termina atrapada en disputas por el poder?
La UAAAN no puede convertirse en patrimonio político de grupos, camarillas o intereses particulares. La rectoría no debe ser un botín ni una plataforma para proteger intereses personales. Su razón de existir es la educación, la investigación y el servicio a la sociedad.
Los antecedentes de las últimas tres décadas y media merecen una revisión seria. Si hubo exrectores que utilizaron sus cargos para desviar recursos, favorecer intereses particulares o perjudicar el patrimonio universitario, corresponde a las instancias fiscalizadoras y judiciales investigar, documentar y sancionar las responsabilidades que se acrediten. La autonomía universitaria no puede ser escudo para la opacidad ni sinónimo de impunidad.
Los tres aspirantes a la rectoría, Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, tienen ahora la oportunidad de explicar cómo piensan recuperar la confianza, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos de la institución se destinen a sus verdaderos objetivos.
La elección del próximo 27 de octubre no debería reducirse a una lucha de grupos por controlar la rectoría. Debe ser una oportunidad para discutir el futuro de la Narro, revisar sus cuentas, recuperar su prestigio y terminar con cualquier práctica que haya permitido el abuso del poder.
La UAAAN no necesita solamente un nuevo rector; necesita una transformación profunda. Después de 35 años de cuestionamientos y señalamientos sobre el manejo de la institución, la comunidad universitaria merece respuestas, cuentas claras y garantías de que el patrimonio de la Narro será protegido.
