El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la Cámara de Diputados sobre investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas que involucran a funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como a particulares y empresas proveedoras.
De acuerdo con el informe presentado el 26 de octubre, durante 2025 y 2026 se iniciaron 16 expedientes relacionados con los señalamientos difundidos públicamente. De ellos, 11 corresponden a contrataciones públicas en las que se investiga a por lo menos 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, también reportó la apertura de otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control interno. Además, el organismo notificó 45 cédulas de observaciones preliminares sobre procedimientos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios.
Entre las posibles irregularidades identificadas figuran la presentación de documentación falsa o alterada, el ocultamiento de conflictos de interés, el uso de recursos públicos sin comprobación suficiente y posibles actos de colusión en procedimientos administrativos.
El documento también señala posibles deficiencias en la supervisión, recepción y pago de bienes y servicios, así como la participación de empresas que presuntamente no acreditaron la capacidad técnica, económica u operativa necesaria para cumplir con los contratos.
Las investigaciones comprenden procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026 en distintas áreas administrativas del INE. El propósito es determinar si existen elementos para acreditar faltas administrativas y establecer las responsabilidades correspondientes.
El informe se dio a conocer en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre ante la Cámara de Diputados.
El OIC también precisó que no cuenta con facultades para revisar, validar o autorizar previamente las contrataciones de personal del instituto, aunque sí puede investigar posibles inconsistencias u omisiones en las declaraciones de los servidores públicos.
Las conductas señaladas permanecen sujetas a investigación. La existencia de expedientes y observaciones preliminares no constituye por sí misma una determinación definitiva de responsabilidad.
