El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una nueva etapa institucional tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo y la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, quien anunció medidas para revisar la estructura directiva y facilitar las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas.
El Consejo General aprobó por unanimidad el nombramiento de Cruz García el 27 de octubre de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones del instituto mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia durante el resto del periodo correspondiente. Central Electoral+1
Entre las primeras medidas anunciadas se encuentra la suspensión de nuevas contrataciones, así como la revisión del desempeño y las capacidades de quienes ocupan puestos directivos y de alto mando. La nueva presidenta también planteó reforzar la toma de decisiones colegiada entre las consejerías y evitar que las responsabilidades institucionales respondan a lealtades personales. Excélsior
Como parte de esta transición, el instituto reportó la renuncia de tres titulares de áreas relacionadas con Recursos Materiales y Servicios, Igualdad de Género y Servicios de Informática. Los cambios se producen en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y vínculos con proveedores del organismo electoral.
Cruz García aseguró que las áreas del INE deberán colaborar con el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la entrega de documentación y la atención de los requerimientos que formulen las autoridades competentes. Las investigaciones buscan esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra índole. Excélsior+1
La salida de Taddei también generó cuestionamientos de actores políticos sobre la transparencia de las contrataciones y el manejo de los recursos públicos. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.
La presidencia provisional tendrá como uno de sus principales retos mantener la operación del instituto y garantizar los preparativos del proceso electoral de 2026-2027. La designación definitiva quedará en manos de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento constitucional y legal aplicable.
