A partir del próximo 3 de noviembre, las escuelas primarias y secundarias del país deberán aplicar restricciones al uso de teléfonos celulares durante las clases y los periodos de receso. La Secretaría de Educación Pública (SEP) también mantendrá la prohibición de vender comida chatarra dentro de los planteles, pese a los recursos legales promovidos por empresas para revertir estas disposiciones.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó ambas medidas durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, realizada como parte de la revisión del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Respecto a los dispositivos móviles, el funcionario explicó que la restricción comprenderá toda la jornada escolar en los niveles de primaria y secundaria. Para las instituciones de educación media superior se establecerán acuerdos que permitan utilizar los teléfonos con fines pedagógicos y bajo criterios de responsabilidad.
En el caso de las universidades, la SEP buscará promover una ciudadanía digital crítica, orientada al uso responsable de la tecnología y al desarrollo de capacidades para desenvolverse en entornos digitales.
Como justificación de la medida, Delgado señaló que la dependencia realizó una consulta a más de 650 mil docentes. Según los resultados presentados por el secretario, 80 por ciento manifestó dificultades para mantener la atención de sus estudiantes, mientras que 79 por ciento identificó problemas para recordar información.
En materia de alimentación, el titular de la SEP aseguró que los productos con bajo valor nutricional ya fueron retirados de las escuelas de educación básica. Sin embargo, informó que distintas empresas han promovido más de 139 juicios de amparo contra las disposiciones que impiden comercializar estos productos en los planteles.
El funcionario sostuvo que la dependencia continuará defendiendo las medidas ante los tribunales para evitar que regresen los alimentos y bebidas considerados chatarra a las cooperativas y espacios de venta escolares.
Durante la comparecencia también se abordaron los resultados del aprendizaje y las diferencias educativas entre estudiantes de distintos sectores socioeconómicos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, cuestionó los mecanismos de evaluación utilizados por la autoridad educativa y las estrategias para reducir las brechas de desigualdad.
En respuesta, Delgado consideró que sería un error construir toda la política educativa nacional a partir de los resultados de la prueba internacional PISA. En su lugar, defendió los ejercicios integradores de aprendizaje impulsados por la SEP, los cuales, aseguró, llegaron a más de siete millones de estudiantes.
Sobre los libros de texto gratuitos, el secretario señaló que estos materiales deben actualizarse a partir de la experiencia de los maestros frente a grupo. También anunció que los libros de apoyo denominados Trazos y palabras y Trazos y números se extenderán a los grados restantes de educación primaria.
Otro de los asuntos discutidos fue la situación laboral de los colaboradores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). El legislador cuestionó que quienes realizan actividades de enseñanza reciban estímulos económicos bajo la figura de facilitadores, sin contar con condiciones laborales equivalentes a las de otros trabajadores del sector educativo.
Delgado reconoció que estos colaboradores requieren mejores ingresos y afirmó que durante 2026 aumentó el apoyo económico que reciben. No obstante, defendió el modelo de tutorías del organismo, mientras que Ramírez insistió en la necesidad de reconocer formalmente como maestros a quienes desempeñan funciones docentes y garantizarles un salario.
En materia presupuestal, el diputado también cuestionó el crecimiento del gasto administrativo, los recortes destinados a educación inicial y la existencia de mil 500 millones de pesos en observaciones relacionadas con el programa La Escuela es Nuestra, que, según sus señalamientos, permanecían pendientes de solventar. El secretario no aclaró esos montos durante su intervención.
La comparecencia estuvo acompañada de otros cuestionamientos relacionados con la transparencia en las contrataciones de la SEP y el respaldo que Delgado manifestó anteriormente a Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral.
El diputado Alfonso Armando Vidales, también de Movimiento Ciudadano, planteó dudas sobre estos asuntos. Durante su intervención, legisladores del oficialismo expresaron su respaldo al secretario mediante consignas de apoyo.
Delgado respondió que la elección de Taddei se realizó mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados y rechazó que se tratara de una designación previamente acordada.
Finalmente, Vidales cuestionó la adquisición de material deportivo que, según indicó, permanecía almacenado sin utilizarse. Aunque inicialmente el secretario negó que la dependencia realizara ese tipo de compras, posteriormente reconoció una adquisición destinada a bachilleratos tecnológicos deportivos y se comprometió a entregar información al respecto.
Las medidas sobre celulares y alimentación escolar forman parte de los cambios que la SEP busca consolidar en los planteles educativos, mientras enfrenta cuestionamientos legislativos sobre evaluación, presupuesto, condiciones laborales y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
