La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una nueva etapa en las investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales, al incorporar por primera vez la colaboración directa de informantes que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de proporcionar pruebas sobre los hechos.
El organismo fiscalizador informó que las personas colaboradoras han entregado testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp, además de nombres y alias de personas que presuntamente estarían relacionadas con las operaciones investigadas.
La información forma parte de las indagatorias sobre posibles anomalías en la contratación de bienes y servicios del Instituto Nacional Electoral (INE) y otros organismos electorales, donde se busca establecer cómo habrían operado estas prácticas durante varios años.
Buscan reducción de sanciones
El mecanismo utilizado por la ASF se denomina Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones y está sustentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Permite que personas relacionadas con posibles faltas administrativas colaboren con las autoridades mediante la entrega de información relevante, con la posibilidad de obtener beneficios en las sanciones que pudieran corresponderles.
Entre los primeros hallazgos, la Auditoría identificó indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos de las contrataciones, presuntamente para favorecer sus propios intereses.
Estas prácticas podrían involucrar tanto a empresarios como a personas servidoras públicas que habrían participado en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios.
La ASF no ha revelado la identidad de las empresas ni de los informantes que participan en el programa. Tampoco ha precisado cuántas personas han solicitado incorporarse al mecanismo o si alguno de los beneficios de reducción de sanciones ya fue autorizado.
Investigaciones continúan
El organismo fiscalizador señaló que continuará con las investigaciones para identificar a más personas presuntamente involucradas, reconstruir las operaciones realizadas y rastrear el destino de los recursos públicos.
Por su parte, el INE informó el 6 de noviembre que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles conductas delictivas relacionadas con el manejo de recursos públicos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Las indagatorias de la ASF y las actuaciones ante la Fiscalía representan dos vías de investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones de organismos electorales. Hasta ahora no existe una resolución definitiva que determine responsabilidades individuales por los hechos señalados.
