El empresario José Alfredo Hernández Casillas habría exigido decenas de millones de pesos a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), para evitar la difusión de grabaciones que presuntamente documentan reuniones privadas, acuerdos económicos y posibles irregularidades en la asignación de contratos del organismo electoral.
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10/29/2026 11:11:48 PM
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La información fue publicada el 10 de noviembre por Grupo Imagen, a partir de testimonios de personas que solicitaron mantener su identidad en reserva. Según el reporte, las exigencias económicas surgieron después de que se deteriorara la relación entre Taddei y el empresario, debido a diferencias por la participación de este último en contratos institucionales.
De acuerdo con los testimonios citados, Hernández Casillas habría advertido que divulgaría los videos y la información que tenía en su poder si no recibía el dinero solicitado. La cantidad inicial habría ascendido a varias decenas de millones de pesos y, ante la falta de un acuerdo, para enero de 2026 la exigencia se habría multiplicado por diez.
El empresario presuntamente argumentaba que el pago evitaría que se hicieran públicas las operaciones de una red de proveedores y los acuerdos relacionados con contrataciones del INE.
Grabaciones exhibirían reuniones y acuerdos sobre contratos
El caso tomó mayor relevancia después de que el periodista Carlos Loret de Mola difundiera, a través de Latinus, distintos videos y conversaciones entre Hernández Casillas y Taddei.
En uno de los materiales, fechado en febrero de 2026, ambos aparecen revisando cantidades y porcentajes relacionados con un contrato para la producción de credenciales para votar. La adjudicación, realizada en diciembre de 2025, contemplaba un monto máximo de 71 millones de dólares.
En otra grabación, Hernández Casillas habla sobre información que asegura tener resguardada en Europa, Estados Unidos y Canadá, y advierte que podría divulgarla si algo le sucediera. El contenido también muestra el deterioro de la relación entre el empresario y la entonces titular del organismo electoral. San Luis El Universal+2
Las publicaciones periodísticas también han señalado la existencia de una red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, que habría obtenido contratos de distintos organismos electorales mediante procedimientos en los que presuntamente se simulaba competencia entre proveedores.
Una investigación de El País documentó que empresas relacionadas con esta red consiguieron al menos 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales, además de contratos con organismos electorales de diferentes entidades del país. El País+1
INE solicita revisión de contrataciones
Ante los señalamientos, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo de 2016 a 2026.
La revisión busca identificar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y establecer si existieron beneficios indebidos para proveedores o funcionarios del instituto.
Por ahora, las acusaciones sobre la presunta extorsión y los acuerdos económicos forman parte de información difundida por medios de comunicación y testimonios bajo anonimato. Su eventual responsabilidad penal o administrativa deberá determinarse mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
