La designación de quien ocupará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei, continúa sin avances en la Cámara de Diputados, debido a las diferencias entre las fuerzas políticas sobre las reglas de selección, la independencia de los evaluadores y las facultades que tendrá la persona que encabece el organismo.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene su negativa a negociar la convocatoria en las condiciones actuales, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) espera una respuesta a las ocho propuestas que presentó para respaldar el procedimiento.
El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, considera que el cambio de titular no resolverá por sí mismo los problemas que enfrenta el instituto. Por ello, planteó modificar las atribuciones de la presidencia, garantizar la independencia del Comité Técnico de Evaluación y avanzar en las investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con el organismo electoral.
Moreira también expresó dudas sobre la imparcialidad de quienes serán responsables de evaluar a las aspirantes y rechazó presentar propuestas de integrantes para el comité mientras no se modifiquen las condiciones del procedimiento.
Por su parte, el diputado panista Federico Döring señaló que su partido ha sostenido conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo, pero todavía no recibe una respuesta definitiva sobre sus planteamientos. Consideró poco probable que la convocatoria pudiera avanzar durante esta semana, aunque manifestó que las negociaciones podrían retomarse para alcanzar un entendimiento.
La vacante en la presidencia del INE se produjo el 26 de octubre, cuando Guadalupe Taddei presentó su renuncia. Desde entonces, la consejera Blanca Yassahara Cruz García ocupa provisionalmente el cargo, luego de ser designada por unanimidad por el Consejo General del instituto.
Las diferencias sobre el proceso de selección
El principal desacuerdo se concentra en la convocatoria que deberá aprobar la Cámara de Diputados, documento que establecerá los requisitos, plazos y mecanismos para registrar y evaluar a las personas aspirantes.
Uno de los puntos centrales es la integración del Comité Técnico de Evaluación, que estará conformado por cinco integrantes: tres designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Este órgano tendrá la responsabilidad de revisar los perfiles profesionales, aplicar evaluaciones y realizar entrevistas para seleccionar a cinco finalistas. Posteriormente, la Jucopo deberá buscar un acuerdo sobre la propuesta que será sometida a consideración del pleno legislativo.
Para aprobar el nombramiento se requieren dos terceras partes de los votos de los diputados presentes. Si no se alcanza un acuerdo mediante las etapas legislativas previstas, el procedimiento contempla recurrir a una insaculación entre las personas finalistas.
Moreira cuestionó el mecanismo de integración del comité, al considerar que no existen garantías suficientes de independencia respecto a los partidos políticos y al Gobierno federal. También solicitó revisar las investigaciones sobre presuntas irregularidades y realizar una auditoría externa al padrón electoral, particularmente en lo relacionado con la protección de datos personales y biométricos.
Movimiento Ciudadano también manifestó preocupaciones sobre la integración del comité. Su coordinadora parlamentaria, Ivonne Ortega, planteó que los evaluadores no tengan vínculos partidistas ni gubernamentales y propuso incorporar a universidades y organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento.
La legisladora también ha planteado revisar las atribuciones de la presidencia del instituto e incluso considerar una renovación más amplia del Consejo General.
Las ocho condiciones del PAN
Entre las propuestas de Acción Nacional destaca ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación que deberán cumplir quienes hayan ocupado cargos directivos en partidos políticos antes de participar en la evaluación.
El partido también plantea excluir del comité a servidores públicos en funciones y a personas vinculadas con gobiernos o autoridades electorales, además de establecer mecanismos de consulta con instituciones académicas y organizaciones civiles para seleccionar a los evaluadores.
Otras de sus exigencias buscan fortalecer la transparencia mediante la participación de observadores, medidas para evitar filtraciones de los exámenes y la publicación de resultados con autorización de las aspirantes.
Asimismo, solicita que se expliquen los criterios utilizados para seleccionar a las cinco finalistas y que existan mecanismos para presentar objeciones sobre los perfiles propuestos.
La última condición está relacionada con las facultades de la presidencia del INE. El PAN busca modificar los cambios introducidos en octubre de 2024 al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgaron a la persona titular de la presidencia atribuciones para designar directamente a quienes encabezan las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin someter esos nombramientos a la aprobación del Consejo General.
Federico Döring sostuvo que la renovación de la presidencia debe acompañarse de modificaciones institucionales que fortalezcan los mecanismos de decisión y las capacidades operativas del organismo, incluida la fiscalización de gastos no reportados en redes sociales.
Morena busca un acuerdo legislativo
En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, manifestó que su bancada continuará buscando consensos con las demás fuerzas políticas para avanzar en la convocatoria, la integración del comité y el nombramiento.
El legislador también dejó abierta la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones si las negociaciones requieren más tiempo.
Aunque Morena y sus aliados cuentan con mayoría legislativa para impulsar el procedimiento, la falta de acuerdos con el PRI y las condiciones planteadas por el PAN mantienen las conversaciones abiertas y complican la construcción de un consenso amplio.
Hasta el 12 de noviembre, no se había anunciado una fecha definitiva para aprobar la convocatoria. La designación de la nueva presidencia permanece pendiente, mientras Blanca Yassahara Cruz García continúa al frente del instituto de manera provisional.
Con información de: Animal Político





























