Luis Fernando Hernández González.
ed. 354, agosto 2018
Fue mediante la consulta ciudadana efectuada con anterioridad, la forma como en Coahuila se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, obvio es apuntar, sustentado bajo las disposiciones vigentes en el Estado a lo que prevé la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, instrumento que hoy en día cobra mayor vigencia, toda vez que es sustentada en sus lineamientos con la participación social de los habitantes de Coahuila.
Vigorizar su aplicación y seguimiento vienen a constituir una pieza fundamental para dar sentido con la participación social a la transformación que requiere el estado en sus distintas variables y factores; superando y mejorando aquellos comportamientos que le den sentido de identidad y pertenencia social en las cuestiones públicas a los ciudadanos; comprendido todo esto en políticas públicas, lo mismo que en la elaboración de objetivos y metas, conjuntamente con métodos operativos de realización, en los que se fundamentan los planes y proyectos sociales y administrativos por realizar en el Estado.
Como una forma de modernización y agilidad administrativa, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, da sentido a cambios operativos proponiendo un método de cercanía entre su administración con la población, al crearse en un futuro inmediato por distintos municipios conurbados del estado los Centros de Gobierno Estatal, sitios donde se albergarán las diferentes dependencias estatales para un mejor y mayor servicio a los ciudadanos de cada región del estado.
Con ello, se da vigencia de lo realizado de manera positiva y modificando todos aquellos instrumentos operativos den respuesta a desventajas y sea factible de modificación para su correcta aplicación y consecuencias en favor de la sociedad.
Coahuila está en marcha, se vigorizan tareas que dan sentido a una factible y virtuosa población, con mayor y mejor educación; lo mismo que fortaleciendo para bien de los coahuilenses las instancias de salud tanto gremiales como sociales con atención médica e instalaciones; impulsando la inversión y consecuentemente con ello, la creación de empleo, modificando los sumarios jurídicos, lo mismo respetando los derechos humanos y los métodos de mayor transparencia que gobiernen todas las actividades públicas.
De ahí el por qué la importancia de conocer y opinar sobre la ley de Planeación Estatal, conocer sus antecedentes, defender su aplicación y apoyarla con la presencia social de la población para que surta sus efectos correspondientes, es la ley de la transformación y del cambio en una sociedad ávida de ser escuchada y considerada actuante y moderna.
Lo mismo deseamos que esta fuerza participativa de una sociedad dinámica y demandante se convierta en el motor que dé sentido al trabajo a realizar por el señor Andrés Manuel López Obrador y sus ideas de regeneración con cambio en los comportamientos administrativos de la ya próxima dirección federal que él, encabezará.
La trasformación del país no está sustentada en buenas o malas intenciones, es todo un proceso organizativo, estratégico multifactorial, estructural que conlleva una planeación escrupulosa de prevención y estimación de resultados, esto se debe de establecer para que las actividades que se bus- can reemplazar tengan la eficiencia funcional y con ello la eficacia de energía y fuerza, para generar con ello las expectativas de superación y modernización que demanda el conjunto social que es al final la población regional o territorial.
Desconcentrar o descentralizar dependencias tal como lo ha planteado en entrevistas y eventos el propio Andrés Manuel López Obrador, conlleva una amplia responsabilidad al buscar desplazar a más de 250 mil empleados que de una u otra manera han hecho su vida ordinaria en la ciudad de México, y con este movimiento laboral definitivamente les trastoca su vida familiar y de desarrollo personal.
Recordemos que en la época sexenal de Luis Echeverría Álvarez, surgieron propuestas muy similares de desconcentración y descentralización administrativa con el fin de fortalecer y eficientizar el pacto federal, cuyos resultados no se pudieron concretar y sólo se realizaron programas de corte regional para la atención de actividades productivas en el sector agrícola y metalúrgico que se tenga memoria, y si desarrollando el sentido de vocación de cada región con proyectos tanto industriales, pesqueros, turísticos, artesanales, agrícolas y ganaderos con los que se dio impulso a distintas regiones productivas del país.
Otro tema por demás importante es el referente a la súper concentración de las delegaciones federales vigentes en una figura emblemática que represente al Presidente de la República, con un Coordinador de estas en cada entidad. Aun cuando surgen voces autorizadas del sector productivo empresarial, particularmente Coparmex y Canacintra, oponiéndose en detalle al sostener los empresarios que es una medida anti funcional que lo único que conlleva es a la creación de gobiernos paralelos entre las entidades estatales y la federación, en donde desde el punto de vista administrativo sus aplicaciones entre una dependencia federal y otra sólo generarían en la toma de decisiones una anarquía y un caos espectacular, dado el desempeño y atención que se da en cada una de las delegaciones que en unas es de orden técnico y en otras sustentado en la interpretación de las leyes reglamentarias.
Las expresiones del Presidente Electo se sustentan en lo siguiente:
“Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida; tendrán crédito para vivienda; jubilaciones anticipadas; aumento salarial; permuta de plazas y otras garantías”.
Expuso que la propuesta inicial sería la siguiente:
Turismo a Chetumal, Quintana Roo; Medio Ambiente a Mérida, Yucatán; Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche; Energía a Villahermosa, Tabasco; CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Conagua a Veracruz, Veracruz; Desarrollo Social a Oaxaca, Oaxaca; SEP a Puebla, Puebla; Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala; Caminos y Puentes a Cuernavaca, Morelos; Infonavit a Toluca, Estado de México; Salud a Chilpancingo, Guerrero; IMSS a Morelia, Michoacán; Ganadería a Guadalajara, Jalisco; ISSSTE a Colima, Colima; INEGI a Aguascalientes, Aguascalientes; Función Pública (Contraloría) a Querétaro, Querétaro; Secretaría del Trabajo a León, Guanajuato; Desarrollo Urbano a Pachuca, Hidalgo; Diconsa a Zacatecas, Zacatecas; Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, SLP; Economía a Monterrey, Nuevo León; Nacional Financiera a Torreón, Coahuila; La Comisión Forestal a Durango, Durango; Minería a Chihuahua, Chihuahua; Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas; Fonatur a Bahía de Banderas, Nayarit; Pesca a Mazatlán, Sinaloa; Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; Conacyt a La Paz, Baja California Sur; SAT a Mexicali, Baja California;
Puntualizó que Presidencia, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México por razones que explicará más adelante.
En reunión con los Ingenieros del País, en la que destacaba el hombre más rico de México, Carlos Slim el pasado lunes 6 de agosto, López Obrador sostuvo la presentación sus 25 proyectos, aunque explicó que no se dejarán “tiradas” las obras inconclusas del sexenio.
Entre los 25 programas prioritarios en infraestructura y desarrollo social a implementar están el NAIM, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, caminos rurales, comunicar el país con Internet, la reconstrucción tras el sismo del 19-S, el Programa de Desarrollo Urbano en colonias marginadas, el aumento al doble de la pensión de adultos, la pensión para personas en situación de pobreza, la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas para todos los estudiantes de preparatoria del país.
