Samuel Cepeda Tovar.
Finalizó el proceso de acumulación de firmas ciudadanas según lo estipula la Ley Federal de Consulta Popular con la intención de enjuiciar a expresidentes; ahora toca al INE validar las firmas ciudadanas en un proceso que tomará días y sobre todo, recursos económicos; no obstante, a reserva del veredicto del INE y del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre la constitucionalidad de la iniciativa en materia de consulta popular, vale la pena conocer cuáles son los delitos de los cuales se les acusa y por los cuales se les pretende enjuiciar a los expresidentes que ha tenido nuestro país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto.
Comencemos en orden cronológico: a Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) se le acusa, además del fraude electoral de 1988 mediante el cual llegó a la presidencia con la tan sonada “caída del sistema”; de haber incrementado considerablemente la brecha entre ricos y pobres en nuestro país, o, en otras palabras, de incrementar considerablemente la desigualdad según lo manifiestan datos del Banco Mundial y la OCDE.
A Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), se le acusa además de continuar con las políticas económicas de su antecesor, de adjudicar deuda privada a los mexicanos mediante el FOBAPROA por el orden de los 552 mil millones de pesos en el llamado “rescate bancario”.
Al panista Vicente Fox, se le acusa de usar el poder presidencial para manipular el aparato electoral en la elección de 2006 para cometer fraude electoral en contra del ahora presidente López Obrador en la reñida contienda de 2006 que dejó una diferencia porcentual de votos entre el primer y segundo lugar de 0.56%, lo que sin duda era un empate técnico en un contexto lleno de irregularidades durante los comicios electorales.
Al también panista Felipe Calderón se le pretende acusar de genocidio al iniciar una guerra sin estrategia contra el crimen organizado desatando una ola de violencia que hasta la fecha no ha podido ser contenida y que desde entonces provocó la multiplicación de las células de la delincuencia organizada y el incremento de las zonas de control en territorio nacional por parte de las grandes organizaciones criminales, incluso de colusión gubernamental con dichas organizaciones.
Finalmente, al priista Enrique Peña Nieto, se le acusa de corrupción en casos como Odebrecht a través de la entrega de sobornos a políticos para aprobar la reforma energética que beneficiaría sin duda alguna a la empresa brasileña y la compra a sobreprecio de la empresa Agro Nitrogenados al consorcio de AHMSA. Bajo estas acusaciones se pretende enjuiciar a los expresidentes señalados; independientemente de la resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la consulta, el presidente ha mencionado que la Fiscalía General ya realiza las investigaciones y prepara las denuncias en caso de que los magistrados detengan la consulta popular, aunque ciertamente, las violaciones administrativas que pudieron haber cometido los expresidentes ya prescribieron, por lo que solo se puede proceder legalmente en contra del último, en este caso el expresidente Peña Nieto.
Solo hay que precisar que el único precedente de juicio a un expresidente es el llevado en contra de Luis Echeverría por delitos de lesa humanidad en la matanza de estudiantes en 1971 mejor conocido como el halconazo del 71.
En síntesis, se antoja casi imposible enjuiciar a alguien más que a EPN y sería, en todo caso, por delitos graves del orden común, en este caso, corrupción. Las acusaciones a los demás, serán solo eso.
