Samuel Cepeda Tovar.
Antes de entrar de lleno a las cifras económicas que provocan los enfrentamientos entre empresarios y autoridades cuando se habla de eliminar o regular la subcontratación de personal, mejor conocida como outsourcing, vale la pena hacer uso de la empatía; y si hay conocimiento vivencial de causa, mucho mejor.
En lo personal me tocó ver de cerca este fenómeno; inclusive participar en un proceso de reclutamiento de personal bajo este sistema. Una persona, mediante conocidos, convoca a entrevistas para contratación de personal para distribución de productos, digamos de limpieza (jabón, pasta de dientes, cepillos, etc.), asisten quienes tienen la necesidad de un trabajo estable. Si se aprueba la entrevista, a partir del siguiente día se trabaja para la empresa de productos de limpieza, pero en realidad se trabaja para la persona quien realizó la entrevista.
Es decir, la empresa contrata a este entrevistador para que él contrate a su vez a un ejército de empleados que en la teoría trabajarán para la gran empresa, pero en la práctica lo harán para un particular. Este intermediario es lo que en el agro se conoce como “coyote”, un intermediario que contrata servicios y con ello permite que la empresa posea empleados, pero sin las obligaciones de las prestaciones laborales que por ley debe entregar a los trabajadores formales y, además, en caso de despidos, la empresa no se hace responsable en absoluto de entregar finiquitos o indemnizaciones a los trabajadores afectados.
Vamos a decirlo como es; el outsourcing es una estrategia generadora de empleos, pero que dejan en total indefensión al trabajador con respecto a su seguridad laboral. Se trata también, y para acabar pronto, de evasión fiscal por parte de las empresas que realizan esta práctica. Me tocó verlo de cerca, nadie me cuenta, es un atentado contra los trabajadores bajo el simplón argumento de generar empleos.
Y es que las cifras demuestran que sí hay generación de empleos, pues se estima que en México hay más de 5 millones de personas contratadas bajo esta modalidad, pero esto también genera, como se mencionó anteriormente, evasión de impuestos, pues también se estima que 60% de las empresas no pagan impuestos de acuerdo a la ley, pues simplemente no se paga ISN sobre estos empleados que realmente no existen en las nóminas empresariales.
A esto debemos agregarle todavía que el 90% de los trabajadores registrados bajo esta modalidad tienen salarios registrados muy diferentes a los que realmente reciben, generalmente inferior, con esto también se evaden impuestos. En términos generales, la evasión asciende a aproximadamente 500 mil millones de pesos, e insisto, esto sin contar la indefensión en la que se encuentran los trabajadores, por ejemplo, el 90% de estos trabajadores están condenados a una pensión mínima, a no recibir utilidades, a ser despedidos y recontratados constantemente con el fin de impedir su antigüedad y no se les permite la sindicalización, entre otras afectaciones.
Por ello, resulta importante la regulación y resulta positivo que el presidente haya firmado un acuerdo con patrones y empleados para frenar estas malas prácticas de inmediato, este acuerdo deberá estar listo para febrero de 2021, fecha en que se pretende presentar nuevamente la iniciativa, solo que mejorada con la participación de estos dos grandes grupos.
Es necesario el empleo, pero no a costa de la evasión fiscal ni mucho menos a costa de la seguridad y estabilidad laboral de millones de trabajadores en México a quienes las injusticias los siguen vapuleando en materia laboral.
