Samuel Cepeda Tovar
A casi siete años de la fatídica noche del 26 de septiembre en que 43 normalistas desaparecieron sin dejar rastro luego de ser detenidos por policías y entregados a miembros de la delincuencia organizada (guerreros unidos), y a casi siete años sin que haya avances significativos en las investigaciones, las familias siguen exigiendo justicia, clamando por saber la verdad, y no la verdad histórica con la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso zanjar el asunto.
A siete años de uno de los sucesos más lamentables de nuestra historia reciente una cosa queda clara: hubo manipulación de evidencia para encubrir lo que realmente sucedió; hubo un claro contubernio entre autoridades y delincuentes para desaparecer a 43 estudiantes cuyo único pecado fue reventar el destape político de la esposa de un nefasto alcalde; y cuyo desenlace ha dejado ver que seguimos en un país sin garantías, sin derechos, en donde puedes desaparecer y ni una sola autoridad acudirá en tu auxilio, en donde la realidad es manipulada por quienes ostentan el poder y en donde el reinado de la impunidad sigue incólume.
Esperanza de que se encuentren vivos sigue en los corazones de los padres de los normalistas, pero la realidad nos dice que difícilmente pueden estarlo, las posibilidades son casi nulas, sin embargo, los mexicanos queremos saber, a siete años de lo sucedido, ¿qué pasó?, ¿en dónde están?, ¿quién tuvo la responsabilidad de lo sucedido?, ¿los militares participaron? ¿por qué no hizo nada la policía federal? ¿por qué la mentira del basurero de Cocula? ¿qué garantías hay de que esto no volverá a suceder? Y, lo más importante ¿cuándo veremos a un culpable tras las rejas por lo sucedido?
Están por iniciar las jornadas de protestas, serán sin duda significativas, pero siete años como precedente sin resultados no augura nada nuevo que trascienda observar el sufrimiento de familias que no pierden la fe, pero sienten la impotencia de no ver avance alguno a pesar del cambio de gobierno y saber que los culpables siguen por ahí, tal vez como si nada, sin castigo alguno por la felonía cometida.
Se habla de la posibilidad de cremaciones controladas en instalaciones de incineración de cuerpos, por eso no se encuentran los restos de los normalistas por ningún lado, y en virtud de ello se están realizando nuevas investigaciones en estos recintos que pudieron ser el destino final de los 43 normalistas. Es muy probable también que los restos óseos hallados en el río San Juan para construir la verdad histórica hayan sido sembrados a propósito para cerrar el caso, pues el asunto fue tan grave que tuvo que venir un grupo internacional de expertos a desmentir las aseveraciones de las autoridades mexicanas de esos años y que, por si fuera poco, nuestras autoridades también desestimaron en su momento las líneas de investigación planteadas por los padres de familia para ubicar a los normalistas y que fueron desechadas inmediatamente.
El periodista Francisco Cruz, que investigaba este caso, aseveró que a los estudiantes nadie los estaba siguiendo, sino que ya los estaban esperando, porque la normal rural Isidro Burgos en donde estudiaban era el centro de reunión de varios movimientos que preocupaban al gobierno, y ello explicaría toda la logística que culminó en una desaparición que siete años después no podemos aclarar.
Esperemos que las nuevas líneas de investigación arrojen resultados positivos, para dejar de lado esta impunidad que sigue lastimándonos y dejándonos indefensos como ciudadanos y que por fin los familiares tengan la certeza del destino final de sus hijos.
