José Guadalupe Robledo Guerrero.
En mayo de 2005, el proceso electoral para elegir al candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila se había convertido en una batalla campal, en donde Humberto Moreira logró unir a los otros precandidatos en su contra, porque Enrique Martínez, para mantener el poder hasta el último momento, implementó un riesgoso juego que ponía en peligro la estabilidad política del Estado.
El juego enriquista había permitido que Humberto Moreira realizara acciones ventajosas, algunas ilegales. Esta situación había puesto en desventaja al resto de los precandidatos, porque Humberto tenía a su disposición los recursos del ayuntamiento saltillense, de la Sepec, y según se decía, algunos de origen oscuro y desconocido, los que derrochaba sin limitaciones.
Humberto Moreira había conseguido el control de la mayor parte de los medios de comunicación que estaban a su servicio, no sólo para publicitar su imagen, sino también para desprestigiar a sus competidores y a los que no se sumaban a los halagos convenencieros.
Humberto Moreira unificó en su contra no sólo al resto de los precandidatos, sino también a los empresarios y a núcleos de la clase media que no se dejaban convencer por los fantasiosos panegíricos generosamente pagados.
Pero esto no era raro, el despilfarro de los recursos públicos siempre fue el sello distintivo de Humberto Moreira en los cargos que ocupó en el sexenio de Enrique Martínez: Secretario de Educación Pública y Presidente Municipal de Saltillo, su principal forma de hacer política era comprando voluntades y por supuesto halagos, porras y lambisconerías que iban incluidas en el paquete.
Por eso no fue extraño que los demás aspirantes comenzaran a tener reuniones de acercamiento con el fin de presentar un frente común, cuya meta era conseguir la unidad priista, darle certeza y legalidad al proceso, equilibrar la competencia y evitar la debacle partidista.
Un ejemplo revelador, fue el caso de Jesús María Ramón, quien se encontraba a pocos pasos de renunciar al PRI, y según se decía, para lanzarse por otro partido en busca de la gubernatura.
Por tal motivo había voces que criticaron el empecinamiento gubernamental de mantener el juego divisionista, y exigían que Enrique Martínez le diera claridad al proceso interno de su partido y definiera las reglas de la contienda sin favoritismos, impidiendo el saqueo de las arcas públicas para fines electoreros.
En medio de esta trifulca, los lacayos de Humberto Moreira, que luego se convertirían en los saqueadores del erario, señalaron de “antimoreirista” a todos los críticos de las acciones despilfarradoras, intolerantes, deshonestas y facciosas de Humberto Moreira y sus cortesanos.
Una anécdota de esa época: Meses atrás me encontré en un restaurante a Javier de la Mora de la Peña, un vividor y parásito que se ostentaba como Doctor (no sé de qué), amigo íntimo y cercanísimo de Humberto Moreira y de Enrique Martínez; era esposo de la entonces secretaria de Educación Pública María de los Ángeles Errisúriz, quien había relevado a Humberto en la SEP, y era la que le proveía de recursos saqueados del presupuesto educativo.
Mientras nos saludábamos, Javier insistió en orientarnos: “El próximo gobernador de Coahuila será Humberto Moreira”.
Todos guardamos silencio, seguramente dibujé una mueca que no le gustó al humbertista-enriquista, y preguntó ¿Por qué no quieres a Humberto? Para terminar el ocioso diálogo le contesté -Me aterra la posibilidad de que gobierne a Coahuila el grupo de deshonestos, intrigosos e incapaces que rodean a Humberto Moreira. ¿Cómo quiénes?, me preguntó policiacamente. En respuesta solo le di tres nombres: Héctor Mario Zapata, Armando “El Chino” Guerra, Segismundo Doguin y muchos otros más. “Pero también hay gente buena”, me respondió conciliadoramente, pero no dijo nombres.
Para esa fecha, retiraron de la circulación El Periódico de Saltillo en la comandancia de policía, porque señalamos a Doguin como responsable de la represión a un grupo de estudiantes que protestaban por el aumento a las tarifas del transporte público.
Denuncié por escrito el ilegal hecho ante la entonces secretaria del ayuntamiento, Enriqueta de Alba, pero nunca contestó. Luego lo denuncié ante Humberto Moreira, pero lejos de darme una respuesta, me confesó su preocupación cuando le informaron que los policías municipales habían golpeado -en el atrio de la Catedral de Saltillo- a los jóvenes que protestaban, y sin pudor alguno agregó: “Pensé que caería, pero arreglamos el conflicto”.
La actitud intolerante de Humberto no cambió hacia los periodistas que no se sumaban al coro de “comunicadores” que exaltaban sus míticas cualidades, pues su lema era “O estás conmigo o estás contra mí”, no había medias tintas ni posiciones neutrales. Humberto compraba y callaba a los periodistas, y si no, marginaba y señalaba como enemigo a quien osara criticarlo.
Un caso fue cuando le ordenó a su jefecillo de propaganda y publicidad -no de comunicación-, Rubén Téllez, que solicitara el despido del periodista Arturo Rodríguez García de Radio Acir, porque lo criticó en su programa radiofónico por la represión a los jóvenes inconformes con el alza de las tarifas del transporte urbano.
Humberto Moreira se empeñó en uniformar a los medios de comunicación a su favor, para que nadie criticara sus corruptelas, despilfarros e ilegalidades. Humberto quería que todos los periodistas se comportaran como los “comunicadores” de radio, prensa y televisión que se la pasaban quemándole incienso, pero para otros eso estaba muy difícil, porque Humberto no era exactamente lo que decían sus interesados y bien pagados panegiristas.
En respuesta, los adversarios de Humberto comenzaron a realizar una práctica deleznable, la de difundir libelos que nadie firmaba, y que desde el anonimato acusaban al alcalde saltillense de corrupto y otras cosas.
El primero de estos libelos circuló a mediados de abril en algunas colonias saltillenses, y según los humbertistas, los autores de esos escritos anónimos eran los panistas o el secretario del gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, enemigos acérrimos de Humberto Moreira. Esta cobarde práctica abría las puertas para que los oportunistas electoreros y los enemigos emboscados utilizaran libelos para dirimir sus pleitos políticos desde el anonimato.
A mediados de abril, los humbertistas volvieron a retirar de la circulación a El Periódico de Saltillo, porque se denunciaba a una de las más corruptas áreas de la SEP, la dirección de Recursos Financieros, cuyo titular era Carmen Reyes Morán, amiga y cómplice de la secretaria de Educación Pública, María de los Ángeles Errisúriz.
Para nadie era un secreto el enriquecimiento súbito de Carmen Reyes. Se le acusaba, entre otras cosas, de ser una de las “burreras” del saqueo, de ser cómplice en el mal manejo de los recursos de la SEP y de realizar negocios personales, como el que pretendía hacer con los regalos del Día del Niño, cuando a mediados de abril, le decomisaron en la frontera una camioneta repleta de juguetes que había comprado “al otro lado”, para revendérselos a la SEP.
Sobre su enriquecimiento súbito, como le llaman en Sudamérica al enriquecimiento inexplicable mexicano, bastaba darse una vuelta por el exclusivo fraccionamiento San Patricio, para conocer la residencia que se había construido con su rentable puesto.
En aquel momento, de Humberto Moreira y los humbertistas había mucho qué decir, pues había varios expedientes, el que tenía el PAN, el que guardaba Enrique Martínez, el que poseía Raúl Sifuentes, el que había recolectado el Cisen y Gobernación, el que tenía preparado el Grupo Industrial Saltillo, el que tenía el CEN del PRI de Roberto Madrazo, y los que guardaban los periodistas críticos.
A propósito de la libertad de expresión, a principios de mayo, el periódico Vanguardia dio a conocer la demanda interpuesta en su contra por Ignacio Diego Muñoz, secretario de Planeación y Desarrollo del gobierno enriquista. Según se dijo, esta demanda se originó en los señalamientos respecto a la ineficiencia del funcionario.
Sin embargo, lo que provocó la ira de Ignacio Diego y por consecuencia la demanda, era que Vanguardia hizo público la construcción de un imponente campo de golf en terrenos de su propiedad en el municipio de Nava, así como la construcción de una mansión en el exclusivo fraccionamiento residencial Nogalar del Campestre, ubicado en el norte de Saltillo.
La demanda de Ignacio Diego tenía por objetivo “la reparación del daño moral por 16 millones de pesos”.
Por esos días, también Martha Sahagún de Fox demandó a la periodista argentina Olga Wornat, por difundir en su libro “Crónicas Malditas” las tropelías y abusos de los privilegiados hijitos de la señora Sahagún. La demanda de la esposa del presidente Vicente Fox también tenía por objeto “la reparación de daño moral”.
Agresión a otro de mis hijos
A mediados de 2005, estaba en su máxima expresión la grosera corrupción que se había instaurado en la policía municipal de Saltillo durante los últimos años, precisamente en las “administraciones” de Óscar Pimentel González y Humberto Moreira Valdés.
Como era lógico, en el “año de Hidalgo” del sexenio enriquista, el director de la policía municipal, Segismundo Doguin Martínez, traía a sus hampones con placa policiaca extorsionando a cuanto ciudadano se les cruzaba en el camino.
En cierta ocasión, Humberto Moreira me confió que Segismundo Doguin no había sido nombrado por él, sino por alguien de más arriba que sin duda era el gobernador Enrique Martínez. Lo cierto es que Doguin mostró una evidente y rentable protección a los delincuentes, además de nula honestidad.
Por esos días, mi hijo Alejandro que venía de una reunión estudiantil, fue detenido arbitrariamente a dos cuadras de nuestro domicilio por policías municipales, la intención era extorsionarlo, el pretexto fue que venía hablando por celular a las 2:30 de la madrugada, y se lo llevaron a la comandancia de la policía municipal, en donde lo robaron, gasearon, patearon y le inventaron que venía manejando en estado de ebriedad.
Por experiencia sabía que lo que le había pasado a mi hijo era en respuesta a las constantes críticas que le hacía a la policía municipal y a su director Segismundo Doguin, por eso publiqué una carta dirigida al gobernador Enrique Martínez en donde le daba a conocer la agresión que había sufrido mi hijo.
Le comenté al gobernador que la cobarde agresión a mi hijo Alejandro era para extorsionarlo. Al no darles dinero ni aceptar su supuesta ebriedad, lo llevaron a la comandancia policiaca donde le robaron el dinero que traía y lo agredieron.
También le proporcioné los nombres de los agresores con placa policiaca: Isaías Muñoz Pérez y María de la Luz Ibarra Frías, de la patrulla 30219, además Juan Antonio Dávila y José Refugio Rodríguez Castro.
La carta no fue contestada oficialmente, ni hubo alguna acción para corregir las ilegalidades policiacas. Enrique Martínez, como todos los gobernadores, se sentía tocado por la divinidad, por eso no escuchaba, ni veía, ni hacía algo por someter al orden a los corruptos de su sexenio.
Eran los últimos meses de Enrique Martínez en el gobierno estatal. En la Contraloría Mayor de Hacienda, refugio de Ricardo Álvarez García, estaba pendiente que se informara en cómo había quedado el caso de las desviaciones de recursos de la Secretaría de Educación Pública por 1,600 millones de pesos.
Mientras el dinero público desaparecía de las dependencias municipales y estatales, el contralor Ricardo Álvarez disfruta de la nueva casa que se había mandado construir al norte de Saltillo, la cual era una vivienda digna de un millonario.
La demagogia y la simulación también hacían de las suyas. Mientras Enrique Martínez declaraba que la educación había sido prioritaria en su gobierno, Coahuila ocupaba el 28 lugar (de 32) en calidad educativa.
Continuará…
La precampaña a la gubernatura…
