José C. Serrano Cuevas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en días recientes, ordenó la elaboración de un censo actualizado y confiable de las personas desaparecidas en México.
El jefe del Poder Ejecutivo anunció que en esta tarea colaboran las fiscalías de los estados, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Omitió mencionar a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que está desplegando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), para que acudan a los domicilios a entrevistar a familiares de las personas desaparecidas.
Circulan informes que hacen mención de que en este sexenio, entre el 1 de diciembre de 2018 -día en que López Obrador asumió la Presidencia de la República- y el pasado 24 de mayo, han desaparecido 42 mil 29 personas en México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Segob, un promedio de 25 personas por día, una cada hora.
Si el 16 de mayo de 2022 se rebasaron las 100 mil personas desaparecidas, en los siguientes 365 días se sumaron otras 10 mil 64. Esto significa 27 desapariciones por día en el último año. Es el número más alto registrado desde 2006, cuando el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa declaró la «guerra contra las drogas».
Según López Obrador, el nuevo censo se realizará con la ayuda de las fiscalías de los estados; sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas han denunciado que durante varios años en diferentes entidades, los agentes del Ministerio Público no iniciaron carpetas de investigación por las desapariciones, sino que levantaban actas circunstanciadas, por lo que no todos los casos se ven reflejados en las cifras de las fiscalías.
Hacia el cierre del sexenio, tales prácticas ilegales podrían generar que las estadísticas se presten a una perversa manipulación con miras a exponer un éxito de esta administración que no refleja auténticamente las tendencias, tanto de violencia en términos generales, como específicamente en materia de desaparición. En 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y en medio de una polémica por las cifras de personas desaparecidas, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, «rasuró» el número de víctimas de 26 mil las bajó a 13 mil.
La falta de claridad en la metodología -qué se registra y qué no, cómo y quién lo registra, cada cuánto tiempo- y la transparencia en el proceso son problemas que el RNPDNO ha arrastrado por más de una década.
Cuando en julio de 2020 la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), encabezada por Karla Quintana Osuna, publicó un sitio web para consultar esta información, decenas de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda exigieron que se hicieran públicos la metodología y la base de datos del registro, pero aún siguen sin conocerse.
El interés del presidente López Obrador por el tema de las personas desaparecidas en México, no es genuino. Lo que realmente le preocupa son las cifras tan elevadas de personas que han sido privadas de su libertad, ya que tal hecho puede repercutir negativamente en los resultados que cosechen en sus giras los precandidatos, que no son precandidatos. La navaja de afeitar está bien afilada y asentada, para rasurar el viejo censo no actualizado y nada confiable.
